La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre 2022 y 2025 en Colombia. El dato vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: si la violencia bajó, subió o simplemente se mantuvo frente al periodo anterior. La respuesta, con la misma serie de Naciones Unidas, apunta más a una continuidad que a una ruptura.
Un dato grave, pero con una precisión necesaria
En el debate público colombiano suele hablarse de líderes sociales, pero la ONU mide personas defensoras de derechos humanos y solo cuenta los casos que logra verificar bajo esa condición. Esa diferencia importa porque evita comparar cifras construidas con metodologías distintas. En su nuevo reporte, la oficina documentó 972 asesinatos entre 2016 y 2025, señaló que 23 % de las víctimas entre 2022 y 2025 eran indígenas y concluyó que más del 70 % de los perpetradores evaluados fueron actores armados no estatales.
La alerta no se limita al número de homicidios. La ONU también reportó 2.018 amenazas y ataques contra defensores en ese mismo periodo y advirtió que esa cifra probablemente representa solo una parte del fenómeno, porque el Estado no cuenta con un sistema unificado y completo para registrar estas agresiones. A eso se suma otro dato preocupante: los recortes de financiación de la oficina en Colombia durante 2025 redujeron su capacidad de monitoreo y de respuesta en zonas de alto riesgo.
Datos sin mayor cambio
Entre 2022 y 2025, la ONU verificó 410 asesinatos. Si se toma el cuatrenio anterior, 2018 a 2021, el total llega a 413 con la misma serie: 115 en 2018, 108 en 2019, 90 en 2020 y 100 en 2021. La diferencia entre ambos periodos es de apenas tres casos. Lo que muestra estos datos es que la violencia persistente en administraciones distintas y que no se ha movido de manera significativa entre un cuatrienio y otro.
La tendencia venía de antes
La propia ONU ubica el problema en una trayectoria más larga. En su comunicado de este jueves sostuvo que, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, hubo un aumento gradual de los asesinatos, ligado en buena parte a la disputa entre actores armados no estatales en territorios antes controlados por las FARC-EP y a la dificultad del Estado para consolidar una presencia sostenida. También relacionó esa violencia con economías criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas, además de instituciones débiles, altos niveles de impunidad y corrupción.
