La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó que seguirá investigando el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La decisión la tomó la Sección de Apelación al resolver el último recurso de la familia para sacar el caso de la justicia transicional.
La JEP establece que su competencia queda atada a la hipótesis de responsabilidad de exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP). Al mismo tiempo, dejó claro que esa investigación no bloquea a la justicia ordinaria.
La regla de fondo
La JEP no se queda con “todo el caso”. Se queda con una parte concreta: lo que se relaciona con personas y hechos que entren en el sistema transicional y, en este expediente, con la línea Farc-EP.
Lo demás sigue en otra pista. La Fiscalía General de la Nación puede avanzar en hipótesis distintas a la guerrilla. Y la Comisión de Investigación y Acusación también puede seguir actuando dentro de sus funciones. La decisión no cierra rutas: las separa.
¿Qué pasó el 2 de noviembre de 1995?
Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda. En el ataque también murió su escolta, José del Cristo Huertas Hastamorir.
Ese dato es clave porque recuerda algo simple: el expediente no es solo jurídico. Es un hecho político de alto impacto que, tres décadas después, sigue sin una verdad judicial que deje menos preguntas abiertas.
¿Quién era Álvaro Gómez?
Álvaro Gómez fue un dirigente central del conservatismo del siglo XX. Era hijo del expresidente Laureano Gómez, fue líder del Partido Conservador y fundó el Movimiento de Salvación Nacional.
También fue congresista, candidato presidencial en varias ocasiones y tuvo un papel visible en debates institucionales de su época, incluida la Constituyente de 1991. Su asesinato golpeó el corazón de la política tradicional y dejó un caso cargado de símbolos, versiones y disputas.
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Las dos pistas que quedan vivas
La primera es la que seguirá la JEP: la hipótesis Farc-EP. El expediente incluye una comunicación conocida en 2020 en la que exintegrantes del antiguo Secretariado asumieron responsabilidad por el homicidio de Gómez, entre otros casos. Esa pieza es parte del sustento para que la justicia transicional mantenga el tema dentro de su carril.
La segunda pista es todo lo demás. La familia de Gómez ha cuestionado la versión Farc-EP y ha insistido en otras responsabilidades. En ese paquete entran señalamientos públicos que han mencionado al expresidente Ernesto Samper, afirmaciones que él ha rechazado. La decisión de la JEP no valida ni descarta esas rutas: dice que no son su campo y que la Fiscalía conserva la tarea.
Lo que viene
Lo que está en juego es el orden del caso. Desde ahora, el expediente funciona como una doble vía: la JEP se concentra en probar o desbaratar la hipótesis Farc-EP, y la justicia ordinaria mantiene abiertas las otras líneas.
Lo que sigue, en términos prácticos, es menos dramático y más decisivo: cada jurisdicción responde por su tramo y no se esconde detrás de la otra. Si hay avances, serán avances parciales, pero con una regla clara: el esclarecimiento no depende de un solo escenario judicial.
