Los señalamientos sobre presuntos contratos de familiares volvieron a situar en el centro del debate público a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani. Esta vez, las denuncias no se refieren a su hermano —tema que ya había generado controversia días atrás— sino a contratos suscritos por su madre con entidades del Gobierno nacional.
La respuesta se produjo luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara públicamente que Alexandra Fonrodona Montoya, madre de la ministra, habría firmado seis contratos con distintas entidades estatales durante la actual administración.
Los contratos cuestionados
Según la información divulgada por la congresista, tres contratos fueron suscritos en enero de 2026 y sumarían $313.846.667. De ese total, $126.500.000 corresponderían a un contrato con la Superintendencia Nacional de Salud; $116.666.667 con el Ministerio de Salud; y $70.680.000 con el Ministerio del Interior.
De acuerdo con los datos publicados, los acuerdos se celebraron bajo la modalidad de contratación directa y estarían relacionados con la prestación de servicios profesionales en áreas de comunicación estratégica y apoyo institucional.
La representante también señaló que en 2023 la contratista habría firmado un contrato por $48 millones; en 2024 uno por $92 millones; y en 2025 tres contratos que sumarían $141.180.590, indicando que los montos registraron incrementos progresivos en los últimos años.
Además, cuestionó que en las declaraciones públicas de conflicto de interés no se habría informado sobre estos vínculos familiares. Hasta el momento, no se ha anunciado la apertura formal de una investigación por estos hechos.
La respuesta oficial: “No existe incompatibilidad”
En un comunicado, la ministra Kadamani negó cualquier intervención en procesos contractuales relacionados con su madre o su hermano.
“No he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano. De acuerdo con la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control. En los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones”, afirmó.
Agregó que “no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés alguno” en la posibilidad de que sus familiares sean contratados por entidades del Estado, al tratarse —según dijo— de profesionales con trayectoria propia que pueden ejercer su profesión en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
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La ministra también señaló que ha cumplido con las obligaciones legales de declaración de bienes, rentas y parentesco a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), conforme a la Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021. Indicó que estos registros son públicos y están a disposición de la ciudadanía.
En su pronunciamiento, calificó las insinuaciones de irregularidad como carentes de fundamento jurídico y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto por las instituciones.
El antecedente y el debate de fondo
La controversia se da en un contexto en el que recientemente también se conocieron cuestionamientos por contratos del hermano de la ministra con entidades estatales. En esa ocasión, Kadamani negó cualquier irregularidad y defendió la legalidad de los procesos.
El caso reabre la discusión sobre los límites entre legalidad e interpretación ética en materia de contratación pública cuando existen vínculos familiares con altos funcionarios del Estado. Mientras la ministra sostiene que no existe restricción legal ni conflicto de interés, los señalamientos políticos mantienen abierto el debate público, a la espera de eventuales actuaciones de organismos de control o nuevas verificaciones sobre los contratos mencionados.
