Un juez de Bogotá reactivó la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez, conocida como alias ‘Violeta’, procesada por su presunta participación en el atentado del ELN contra el centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017 y que dejó tres personas muertas.
La decisión se produjo luego de que la Resolución 017 del 23 de enero de 2025 le retirara oficialmente su designación como gestora de paz, condición que había suspendido temporalmente la ejecución de la orden de captura en su contra. Con la pérdida de ese reconocimiento, el despacho judicial consideró que ya no existían fundamentos legales para mantener en pausa la medida restrictiva.
En el documento, el juez ordenó reanudar los efectos de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que ya había sido impuesta por un juez de control de garantías. Asimismo, dispuso librar nuevamente la orden de captura para que Arango continúe privada de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.
Arango Ramírez es investigada por su presunta responsabilidad en el ataque ocurrido en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá, un hecho que conmocionó al país. La explosión, atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó tres mujeres fallecidas y varios heridos, y desató una amplia operación de las autoridades para dar con los responsables.
La designación de Arango como gestora de paz había generado debate público y jurídico, pues dicha condición implicaba una suspensión provisional de la orden de captura mientras colaboraba en eventuales acercamientos con el Gobierno Nacional. Sin embargo, con la expedición de la Resolución 017, el Ejecutivo dejó sin efectos ese nombramiento, lo que abrió la puerta para que el proceso judicial retomara su curso ordinario.
En su decisión, el juez recordó que la medida de aseguramiento fue adoptada previamente al considerar que se cumplían los requisitos legales, entre ellos la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de garantizar la comparecencia de la procesada al proceso. Por ello, al desaparecer la circunstancia excepcional que mantenía suspendida la captura, correspondía restablecer la orden.
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La reactivación de la orden implica que las autoridades deberán ubicar y capturar nuevamente a Arango Ramírez para que permanezca en un centro de reclusión mientras se desarrolla el juicio. El proceso continúa en etapa judicial, y será en los estrados donde se definirá su responsabilidad frente a los cargos que le han sido imputados.
El atentado al Andino sigue siendo uno de los episodios más recordados del conflicto armado reciente en zonas urbanas. A casi ocho años de los hechos, las actuaciones judiciales avanzan en medio de la expectativa de las víctimas y de la opinión pública, que esperan una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los señalados.
