La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos inició cinco investigaciones para verificar si las acciones militares realizadas por el Gobierno de Gustavo Petro contra Néstor Gregorio Vera, conocido como ‘Iván Mordisco’, se ajustaron a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El despacho del procurador Néstor Osuna ordenó la práctica de varias pruebas con el fin de establecer si las Fuerzas Militares tenían información previa sobre la presencia de menores en los lugares bombardeados y si la participación de esos adolescentes se relacionaba directamente con las operaciones armadas.
El organismo de control también solicitó información al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares con el propósito de determinar si las unidades militares aplicaron el principio de precaución, que obliga a adoptar medidas para evitar afectaciones graves a personas protegidas.
