El 11 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0150 y declaró una emergencia económica, social y ecológica por 30 días. La declaratoria cubre ocho departamentos, pero el detonante político y humano fue Córdoba, donde las inundaciones se volvieron el caso más visible y costoso.
La medida llegó después de un mes en el que el Gobierno ya venía buscando oxígeno fiscal y, en paralelo, enfrentó una ola de lluvias que dejó decenas de miles de familias damnificadas y daños en vías, viviendas y producción rural.
La historia detrás: del hueco fiscal al agua en la sala
El primer capítulo no fue el invierno, fue la plata. El 9 de diciembre de 2025, el Congreso negó la Ley de Financiamiento, con la que el Gobierno buscaba 16,3 billones para el Presupuesto de 2026. Dos semanas después, el 22 de diciembre, el Ejecutivo decretó una emergencia económica nacional (Decreto 1390 de 2025) para intentar financiar gastos de 2026 por la vía de decretos.
Esa ruta se complicó el 2 de febrero de 2026, cuando la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de diciembre. La Corte Constitucional advirtió que las causas invocadas eran estructurales y no sobrevinientes. En la práctica, el Gobierno se quedó sin el paraguas jurídico con el que intentaba tapar el hueco.
Y ahí entró el segundo capítulo: el agua. Desde el 26 de enero, se registraron lluvias intensas en la Costa Caribe, con desbordamientos de ríos y una escalada de inundaciones hacia el final del mes, sobre todo en Córdoba y Sucre.
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Córdoba: el motivo que convirtió una crisis en emergencia
En Córdoba se concentró el golpe, dado que la crisis de Córdoba ha dado lugar a cerca de 50.000 familias damnificadas y de afectaciones extendidas en vivienda e infraestructura. También se describen daños grandes en el campo: hectáreas inundadas, cultivos arrasados y afectación a la ganadería. A eso se suman impactos en bienes públicos: puentes, acueductos y colegios afectados en varios departamentos.
En pocas palabras: Córdoba puso una cifra humana y territorial sobre la mesa. Y eso cambió la conversación interna del Gobierno. Ya no era solo un problema de caja, era una emergencia con familias, carreteras y alimentos.
La caja: 8 billones contra una UNGRD sin músculo
El 10 de febrero, en un Consejo de Ministros en Montería, el Ministerio de Hacienda habló de daños por alrededor de 8 billones. El Gobierno planteó que esa magnitud obligaba a abrir una nueva vía extraordinaria para movilizar recursos.
El choque es el de siempre en desastres, pero aquí quedó desnudo: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía asignaciones reportadas cercanas a 699.000 millones para 2026, y además señaló que para la emergencia invernal había montos disponibles mucho menores para responder en el corto plazo. Con un estimado de daños de 8 billones, esa bolsa no alcanza.
¿Por qué un decreto de emergencia es tan tentador?
Una emergencia permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley para crear tributos temporales, hacer reasignaciones presupuestales y habilitar otras medidas extraordinarias de financiación. Por eso es una herramienta tan buscada cuando el trámite normal se vuelve lento o cuando la política bloquea fuentes de ingreso.
El antecedente de enero muestra el camino: el 21 de enero se expidió un decreto que creó un aporte extraordinario del 2,5% a empresas generadoras de electricidad. Ese tipo de decisiones, bajo emergencia, quedan bajo control de la Corte Constitucional, que revisa si el Gobierno justificó bien la excepcionalidad.
¿Qué está en juego?
Lo que está en juego es doble. Primero, la velocidad: atender de inmediato y financiar la reconstrucción. Segundo, la sostenibilidad: el Gobierno llega a esta emergencia con un faltante fiscal previo, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y el freno judicial a la emergencia de diciembre.
En los 30 días de vigencia, el Ejecutivo puede expedir decretos para conseguir recursos, mover partidas y definir el paquete de respuesta. Luego, ese paquete enfrenta el filtro institucional: el control de la Corte Constitucional y el costo político de decidir quién paga la cuenta en un año ya tensionado.
