La discusión sobre el salario mínimo en Colombia entró en una nueva etapa luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,7 % decretado por el Gobierno a finales de 2025. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá en los próximos días un decreto transitorio para cumplir con la orden judicial y presentar nuevos estudios técnicos que respalden el aumento.
El alto tribunal dejó sin efectos temporales el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Ejecutivo había fijado el salario mínimo en $1.750.905, monto que ascendía a $2.000.000 con el auxilio de transporte. La decisión otorgó al Gobierno un plazo de ocho días para emitir un nuevo acto administrativo ajustado a los lineamientos constitucionales.
Durante su alocución del 15 de febrero, Petro confirmó que acatará la determinación judicial y reiteró que el objetivo es proteger el concepto de “salario vital”. No obstante, más allá del trámite jurídico, el mandatario planteó una propuesta que podría modificar el esquema tradicional de ajuste anual del salario mínimo: el salario móvil.
¿Qué es el salario mínimo móvil que propone Petro?
La propuesta del presidente consiste en que el salario mínimo no permanezca fijo durante 12 meses, como ocurre actualmente, sino que pueda ajustarse a lo largo del año dependiendo del comportamiento de la economía.
En términos prácticos, el salario móvil implicaría que, si cambian las condiciones macroeconómicas —por ejemplo, si aumenta de manera significativa la inflación o el costo de la canasta familiar—, el ingreso mínimo también se modifique para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El esquema tendría dos pilares fundamentales. El primero es un ajuste flexible: el Gobierno podría revisar el salario mediante decreto cuando se presenten variaciones económicas relevantes. El segundo es la protección automática frente a la inflación, de modo que el salario no quede rezagado frente a los reportes oficiales sobre el aumento de precios.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca ir más allá de la fórmula tradicional basada en inflación y productividad, que se negocia cada fin de año entre empresarios, trabajadores y Gobierno. La idea es que el salario mínimo garantice condiciones de vida dignas no solo para el trabajador, sino también para su núcleo familiar.
Este enfoque se acerca a la definición promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entiende el salario mínimo como el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida adecuado en el contexto económico de cada país. En esa línea, el Gobierno ha hablado de avanzar hacia un “salario familiar” que cubra necesidades básicas y contribuya a reducir brechas sociales.
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Aunque el decreto transitorio mantendría inicialmente el umbral de los dos millones de pesos —incluido el auxilio de transporte—, en algunos sectores se ha mencionado la posibilidad de que el Ejecutivo aspire a un salario vital cercano a los $2.155.000 mensuales. El presidente no confirmó una cifra definitiva, pero sí reiteró que buscará justificar técnicamente cualquier ajuste y convocó a empresarios y trabajadores a retomar la concertación.
El debate apenas comienza y no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también económicas y políticas, pues redefiniría la manera en que se ajusta el ingreso mínimo en Colombia.
