Comprar casa sin tener que ahorrar cerca de $50 millones para la cuota inicial es la apuesta de una nueva propuesta de política habitacional dirigida a hogares colombianos que reciben hasta dos salarios mínimos.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y Avanza Colombia presentaron el programa Vivienda Sin Cuota Inicial, que busca facilitar el paso del arriendo a la propiedad para 330.000 familias durante el próximo cuatrienio.
La iniciativa parte de que el principal obstáculo para estos hogares no siempre es la mensualidad de un crédito, sino reunir el dinero exigido para iniciar la compra. Actualmente, el 41 % de las familias colombianas vive en arriendo, mientras la tasa de propiedad cayó al 38 %, una de las más bajas entre los países de la OCDE.
El Estado cubriría el pago inicial
El modelo propone un subsidio de aproximadamente $50 millones para cubrir cerca del 32 % del valor de una vivienda de interés prioritario. De esta manera, los beneficiarios no tendrían que aportar recursos al comienzo del proceso.
El dinero podría provenir del Gobierno nacional, las cajas de compensación familiar y el Sistema General de Regalías. Los municipios también participarían mediante la habilitación de suelo y una contrapartida para el desarrollo de los proyectos.
Una cuota similar al arriendo
La propuesta contempla un subsidio mensual a la tasa de interés de alrededor de $355.000. Con este apoyo, la cuota del crédito se reduciría hasta quedar cerca de los $700.000 mensuales, una cifra similar a la que muchas familias destinan actualmente al arriendo.
El pago permanecería fijo en pesos y estaría diseñado para que incluso un hogar con un solo ingreso equivalente al salario mínimo pueda asumirlo. La idea central es que el dinero destinado cada mes al arriendo pase a construir patrimonio familiar.
Respaldo para trabajadores informales
Otro componente plantea que el Fondo Nacional de Garantías cubra el 70 % del saldo del crédito durante los primeros diez años. Esto reduciría el riesgo para las entidades financieras y ampliaría el acceso de hogares que actualmente no cumplen con los requisitos de la banca tradicional.
La evaluación también tendría en cuenta el historial de pago del arriendo, los servicios públicos y las plataformas digitales. El objetivo es incluir a trabajadores informales y personas con reportes financieros de bajo monto que suelen quedar por fuera del crédito hipotecario.
Viviendas con colegios, salud y espacio público
Los proyectos no se limitarían a la construcción de casas. Cada desarrollo debería contemplar colegios, centros de salud, vías y espacios públicos desde su etapa de diseño.
Estas obras se financiarían con aportes de distintas entidades del Estado, recursos regionales y participación del sector privado mediante mecanismos como obras por impuestos.
Impacto económico de la propuesta
Sus promotores calculan que la construcción de las 330.000 viviendas podría generar cerca de 2,6 millones de empleos directos e indirectos y mover $27,2 billones en actividad económica durante cuatro años.
El costo neto para las finanzas públicas sería equivalente al 0,07 % del producto interno bruto, debido a que parte de la inversión regresaría al Estado mediante impuestos asociados a la construcción y la actividad económica.
La propuesta será presentada al Gobierno entrante como complemento de programas como Mi Casa Ya. Mientras estos continuarían atendiendo otros niveles de ingreso, Vivienda Sin Cuota Inicial estaría concentrado en las familias que reciben entre cero y dos salarios mínimos.
