A partir del reciente debate de control político que realizamos sobre la política social de Bogotá, hemos evidenciado cómo desde el inicio de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán se ha venido dando una continuidad en la implementación de políticas neoliberales que debilitan lo público y fortalecen lo privado, especialmente en el ámbito social. Esto, teniendo en cuenta que el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, quien cuenta con una trayectoria ligada a la mercantilización del desarrollo social, ha priorizado el cumplimiento de metas cuantitativas por encima del bienestar real de las poblaciones vulnerables. Para demostrar esta tesis, se analiza en este artículo la transformación de algunos servicios de la entidad, así como de su misionalidad, reflejando que las políticas actuales han tenido escaso impacto positivo y se han centrado en indicadores técnicos más que en soluciones estructurales.
Debilitamiento de lo público por el fortalecimiento de lo privado
Desde el año 2024, la Secretaría Distrital de Integración Social ha expedido resoluciones que han introducido transformaciones profundas en los objetivos de la entidad. En particular, la Resolución No. 2802 del 30 de diciembre de 2024, "Por la cual se actualiza la Plataforma Estratégica de la Secretaría de Integración Social y se deroga la Resolución 0456 del 5 de abril de 2021", que plantea un giro significativo en el enfoque institucional de la entidad para priorizar la gestión de alianzas estratégicas con el sector privado y la cooperación internacional, orientando además la prestación de los servicios hacia la inclusión social y productiva.
Aunque se mantiene una narrativa territorial en esta actualización estratégica, se omite el énfasis que antes tenía la entidad sobre la necesidad de su fortalecimiento interno para poder operar, se deja de lado la modernización institucional y la consolidación de su capacidad operativa propia. Esta omisión sugiere una transformación en la forma de prestar los servicios por parte de la Secretaría: se privilegia la atención mediante terceros aliados, en detrimento del despliegue directo de personal y de recursos propios. Esto significa un riesgo evidente de debilitamiento institucional, reduciendo la vinculación directa del talento humano en la prestación de servicios sociales, trasladando esa responsabilidad a actores externos mediante esquemas de articulación.
Cambios en el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)
Los cambios en la misionalidad de la entidad ya comenzaron a implementarse con un enfoque orientado al fortalecimiento de lo privado. Desde septiembre de 2024, la Secretaría ha comenzado a aplicar los ajustes definidos en el Plan Distrital de Desarrollo, particularmente aquellos relacionados con la modificación del alcance de la estrategia de IMG. A partir de ahora, las transferencias monetarias estarán dirigidas a personas en situación de pobreza extrema, personas mayores y personas con discapacidad. Además, se establecerán condicionalidades para los jóvenes y para los hogares con niños, niñas y adolescentes. En este nuevo esquema, las personas en situación de pobreza moderada (categoría B del Sisbén) quedarán excluidas, a menos que tengan alguna condición especial, que el hogar este compuesto por menores de edad, o que sean jóvenes que pueden hacer parte del sector productivo.
Sumado, antes de la Administración de Carlos Fernando Galán la Secretaría de Integración Social otorgaba descuentos en la tarifa del transporte público, no obstante, la nueva estrategia del IMG, que está entrando en vigor de manera gradual a partir de febrero de 2025, incluye un componente adicional denominado “gasto en ciudad”. Este incorpora la implementación de un subsidio de transporte en forma de pasajes gratuitos (no descuentos). Sin embargo, a diferencia de las transferencias monetarias, en el gasto en ciudad no se excluye a quienes se encuentran en pobreza moderada (categoría B del Sisbén), seguramente porque los recursos se van para los privados.
Para ello, se destinarán $85.740 millones del presupuesto de 2025 a Transmilenio, además de $3.1 billones ya asignados vía FET. Aunque este subsidio busca apoyar la movilidad, su cobertura es limitada, lo que podría hacerlo menos efectivo que los anteriores descuentos, lo que ya se ha manifestado por las comunidades en condición de discapacidad. Es decir, mientras las transferencias monetarias enfrentan restricciones por falta de recursos, los subsidios al transporte privado no aplican los mismos criterios de exclusión, beneficiando a operadores y manteniendo su modelo de negocio.
Comedores Comunitarios
En cuanto al servicio de comedores comunitarios, es importante resaltar que ha sido uno de los programas con mayores transformaciones durante este Gobierno distrital. Los comedores han sido utilizados como una herramienta para mostrar resultados en términos de aumento en el número de los comedores y en los días de operación, sin tener en cuenta el verdadero impacto en la población beneficiaria. Estas acciones se han implementado a costa de las necesidades reales de la gente, excluyendo a personas vulnerables, no por haber superado su situación, sino por limitaciones presupuestales; esto es lo que el secretario ha denominado “universalizar”.
Los comedores son espacios físicos, sociales y comunitarios donde se brinda apoyo alimentario a las personas beneficiarias. Su operación se desarrolla de lunes a sábado, excluyendo domingos, días festivos y el sábado de Semana Santa, en dos franjas horarias: 10:30 a.m. y 3:30 p.m. No obstante, en Bogotá, para el año 2024, se registraban aproximadamente 1.279.201 personas en condición de pobreza extrema y moderada (categorías A y B del Sisbén). A pesar de esta alta demanda, durante dicho año solo había cobertura para 34.200 personas (incluyendo a las personas vulnerables), lo que equivale a apenas el 2,6% de la población en pobreza extrema y moderada, sin contar a la población vulnerable, que, cuando se excluya de los comedores, la cifra de atención cambiara sustancialmente.
Sumado, la operación del servicio ha sido irregular: en noviembre de 2024, hubo suspensiones del servicio de comedores, bajo el argumento administrativo de que el servicio no se interrumpiría, dejando sin alimento durante 6 días a personas beneficiarias de los comedores y sin ningún tipo de aplicación de contingencia para mitigar la situación. Es decir, para esta Administración a las personas vulnerables les es indiferente comer o no durante 6 días continuos mientras se renuevan contratos de operación. Por ende, “no fue necesario” incorporar medidas que garantizaran el acceso a la alimentación durante este tiempo.
A esto se suma la Resolución 0048 de 2025, que impone nuevos criterios de focalización excluyendo a más de 5.400 personas catalogadas como vulnerables, contradiciendo el objetivo de la política “Bogotá Sin Hambre 2.0” que prometía ampliar la cobertura de los servicios. Esta priorización no amplía la cobertura, sino que la restringe, con el riesgo de sustituir beneficiarios actuales por nuevos, solo para cumplir metas técnicas de ampliación de comedores sin aumentar significativamente los cupos de estos. Podría presumirse que, con el objetivo de cumplir la meta de abrir 165 comedores comunitarios al final del cuatrienio, se estarían excluyendo beneficiarios actuales para dar paso a la apertura de nuevos puntos, a pesar de que se afirma que la capacidad de atención por comedor se mantendrá, eso no es lo que está sucediendo. Se puede llegar al punto de que se cumpla con la meta técnica de tener 165 comedores en la ciudad de Bogotá al finalizar el cuatrienio, pero con una atención a usuarios similar en cada año o un aumento insignificante.
En ese sentido, el cambio del enfoque de “inclusión social” por uno de “bienestar alimentario” ha reducido drásticamente el acompañamiento psicosocial dentro de los comedores y ha atentado contra el bienestar integral de los beneficiarios. De 109 profesionales requeridos, en la nueva licitación solo se contrataron 10 para 117 comedores que existían al 2024, ignorando las necesidades emocionales y de salud mental de la población atendida. Se ha dejado de lado el cuidado integral, debilitando el sentido social del programa.
Jardines infantiles
A pesar de las promesas del Gobierno de Galán de mejorar y ampliar la oferta de jardines infantiles, la situación real muestra un panorama alarmante de insuficiencia, precariedad e improvisación en el servicio de atención a la primera infancia en Bogotá. Aunque se prometieron 30.000 nuevos cupos en el cuatrienio, el déficit de cobertura persiste y afecta gravemente a más de 723.000 niños y niñas entre 0 y 5 años que requieren atención, como ha advertido reiteradamente la Personería de Bogotá desde el 2019. Cupos que terminan siendo insuficientes para la demanda que se requiere de este servicio.
La atención integral se ve comprometida por cierre de jardines, especialmente en jornada nocturna, y por convenios con operadores que no cumplen con los estándares mínimos, afectando directamente a familias vulnerables, especialmente mujeres cabeza de hogar. Pero la situación de la contratación directa de la entidad no es diferente, más del 84% del personal está vinculado por órdenes de prestación de servicios (OPS), sin estabilidad ni garantías laborales. En 2025 hay solo 199 trabajadores de planta frente a 1.732 contratos suscritos por OPS durante el año, lo que genera intermitencia en el servicio, altos niveles de rotación y desprotección para quienes desempeñan funciones esenciales dentro de los jardines (educación, nutrición, psicología, vigilancia, etc).
En conclusión, las grandes transformaciones que ha tenido tanto la Secretaría de Integración, como los servicios que prestan, hacen que se corra el riesgo de seguir haciendo de los servicios sociales un negocio. La lógica de gestión por indicadores y cumplimiento de metas técnicas ha sustituido el enfoque de derechos. La Administración busca demostrar avances mediante la apertura de más comedores o la entrega de pasajes gratuitos, sin considerar el impacto real sobre la calidad de vida de los beneficiarios ni garantizar la permanencia de quienes ya venían siendo atendidos.
La improvisación, la falta de cobertura suficiente, la precariedad laboral sistemática y la tercerización de funciones esenciales constituyen formas de violencia institucional que profundizan la exclusión de las poblaciones vulnerables y precarizan las condiciones de vida de quienes prestan los servicios sociales. No estamos frente a un problema exclusivo de recursos, sino de prioridades políticas. El Gobierno de Galán ha optado por fortalecer alianzas estratégicas con privados en lugar de invertir en el fortalecimiento institucional, la formalización laboral y la ampliación real de la cobertura con calidad.
