La sentencia que deberá emitir la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no puede ser sino absolutoria en la que se le exonere de toda responsabilidad penal. Sin embargo, dado el carácter inocultablemente político de este juicio, instigado de manera estratégica y minuciosa años atrás, no puede descartarse la posibilidad de algún exabrupto procesal que, en realidad, no resultaría sorprendente.
Sea cual sea la decisión que adopte la jueza 44, quien resultará beneficiado será el expresidente Uribe Vélez, pero no así la Justicia nacional. Si el fallo llega a ser absurdamente condenatorio, la Justicia colombiana quedaría en una posición lamentable. No tengo dudas de que el superior lo revocaría y, de no hacerlo, estoy convencido de que la Justicia internacional terminaría por proteger, más temprano que tarde, los derechos del señor expresidente.
Como muchos, he seguido cada audiencia celebrada a lo largo del proceso que termina hoy, resultándome fácil concluir que no existe prueba alguna que sugiera la más mínima responsabilidad penal atribuible a Álvaro Uribe Vélez. No les faltaba razón a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán y Javier Fernando Cárdenas, quienes en su momento solicitaron —ante la jueza 28 Penal del Circuito de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, y la jueza 41 Penal del Circuito, Laura Barrera Coronado, respectivamente— la debida y procedente preclusión en favor de Uribe Vélez a la que incomprensiblemente aquellas se opusieron.
Fue necesario recurrir a un tercer fiscal delegado, Gilberto Villarreal, con notorios, cuestionables vínculos y afinidades con el señor Eduardo Montealegre —actual ministro de Justicia y del Derecho en el gobierno de Gustavo Petro y quien se presenta como presunta víctima dentro del proceso— para que, sin razones de peso, se abandonara la sólida postura orientada a solicitar la preclusión ante la jueza de garantías y, en su lugar, se optara por presentar un escrito de acusación notoriamente débil y mediocre contra el expresidente. Este fiscal fue posteriormente recusado y reemplazado por la fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez.
La señora fiscal Orjuela Rodríguez decidió continuar por el camino fangoso y engañoso que le dejó su antecesor Villarreal, tratando de forma irresponsable exponer y sustentar una muy frágil teoría del caso a partir de un escrito de acusación que parece estar ampliamente distante de la realidad de los hechos. En cada una de las audiencias en las que se practicaron las pruebas allegadas por la fiscal del caso y los defensores del expresidente, casi de manera unánime, quedó en evidencia una verdad procesal: Uribe Vélez lejos está de haber cometido delito alguno.
También quedó de manera unánime en la percepción de la gran mayoría de quienes seguimos el proceso que el senador Iván Cepeda, la señora Piedad Córdoba y otros personajes de la política habrían visitado cárceles ofreciendo beneficios a reclusos para que declararan en contra del expresidente Uribe. El testimonio del delincuente Monsalve —en proceso de “resocialización”— parece ser consecuencia de esa irregular actuación, según se desprende de los testimonios de su padre, su hermana y otros declarantes.
Los alegatos de conclusión del caso constituyen documentos históricos que revelan ante todo la realidad de país descompuesto y, sobre todo, constituyen documentos de lectura obligada para estudiantes de derecho, abogados y juristas interesados en analizar los marcados contrastes entre las posturas politizadas ideológicamente de las víctimas, la fiscal del caso y los argumentos serios y rigurosos de los profesionales que hacen parte del equipo de la defensa.
Por un lado, se percibe la ligereza, temeridad e irresponsabilidad de quienes actuaron en representación de las supuestas víctimas, incluyendo a varias de ellas que ostentan la calidad de abogados. Por otro, resulta evidente la cuestionable fragilidad y mediocridad de la Fiscalía en este caso, que, lejos de cumplir con su deber de buscar la verdad, parecía más bien empeñada en construir una versión de los hechos carente de sustento en la realidad.
Finalmente, y de manera especial, se aprecia la seriedad y rigurosidad demostradas por demás por el abogado defensor principal del expresidente, doctor Jaime Granados Peña, quien a lo largo de todo el proceso evidenció la existencia de un montaje en contra del presidente, quien goza hoy nuevamente del mayor reconocimiento positivo por parte de los colombianos. Igualmente, merece destacarse la sólida actuación del defensor suplente, doctor Jaime Lombana Villalba, así como la intervención del agente del Ministerio Público, doctor Bladimir Cuello.
Este trámite procesal concluyó no con la prescripción que falazmente pronosticaban los señores Cepeda, Villalba, Del Río, Montealegre y otros, sino con una intervención magistral de carácter jurídico pro parte del expresidente Uribe Vélez, quien dejó en claro que está muy lejos de haber transgredido la ley penal y que, en esencia, pareciera haber sido víctima de un fallido entrampamiento promovido probablemente por opositores políticos con estrechos vínculos con las guerrillas y grupos delincuenciales duramente golpeadas durante sus dos mandatos. Argumentos que comparto plenamente.
