En medio de la audiencia judicial realizada en el Juzgado 37 de control de garantías de Bogotá, en el caso que involucra el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el juez encargado dejó entrever una posible responsabilidad del Estado por fallas en la protección del congresista. Esta situación podría abrir la puerta a una eventual demanda por parte de la familia Uribe contra la Nación.
Durante la diligencia, que se centró en la solicitud de medida de aseguramiento contra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, señalado por las autoridades como el presunto líder del atentado ocurrido el pasado 7 de junio, el juez fue enfático en señalar omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de figuras públicas en riesgo.
¿Prevaricato por omisión?
El juez advirtió que los hechos podrían configurar un delito de prevaricato por omisión, debido a la aparente negligencia de las autoridades administrativas responsables de la seguridad del senador. Aunque no se han revelado detalles técnicos de las fallas, se presume que existieron alertas previas o condiciones que debieron activar protocolos de protección más estrictos.
“La omisión de funciones que competen a entidades estatales, como la UNP, puede derivar en responsabilidades jurídicas, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de un servidor público en ejercicio de sus funciones”, sostuvo el juez.
¿Demandará la familia Uribe al Estado?
Si bien la familia del senador Miguel Uribe no ha emitido un pronunciamiento oficial, fuentes cercanas al proceso aseguran que se está considerando seriamente interponer una demanda contra la Nación por los hechos que rodearon el atentado y las presuntas fallas en la protección del dirigente político.
Expertos en derecho constitucional señalan que, de prosperar, una acción judicial de este tipo buscaría no solo una reparación económica, sino también una responsabilidad política y administrativa de quienes debían prevenir este tipo de ataques. La demanda podría incluir a altos funcionarios de la UNP y otros organismos de seguridad del Estado.
Contexto político en el centro del debate
El juez también hizo un llamado a la reflexión institucional, señalando que “las autoridades públicas deberían observar en sus diversas instancias ecuanimidad e imparcialidad frente al contexto político”. Esta frase ha sido interpretada como una crítica velada a un posible sesgo o subvaloración del riesgo que enfrentaba el senador, figura visible de la oposición en el Congreso.
El proceso contra alias ‘El Costeño’ sigue su curso, pero el impacto político y judicial del caso va más allá del individuo acusado. El debate ahora gira en torno a la responsabilidad del Estado y las consecuencias de una posible negligencia que pudo haber costado la vida de un senador de la República.
Con este escenario, no se descarta que la familia de Miguel Uribe active acciones legales en los próximos días, un hecho que podría marcar un precedente en la protección de líderes políticos en Colombia.
