La Fiscalía General de la Nación embargó y entregó este martes al Estado dos oficinas de la multinacional petrolera Perenco, una empresa anglo-francesa con operaciones en Colombia desde 1993, tras ser acusada de financiar grupos paramilitares a cambio de seguridad armada en sus pozos de extracción en el departamento de Casanare.
El caso, que marca un nuevo capítulo en los esfuerzos judiciales por reparar a las víctimas del conflicto armado, se enmarca en una investigación liderada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que autorizó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, valorados en aproximadamente 10 millones de dólares.
¿Quién es Perenco y por qué está bajo la lupa?
Aunque la Fiscalía se abstuvo de mencionar directamente a la empresa, fuentes de la agencia EFE confirmaron que se trata de Perenco, una compañía con presencia en más de 14 países, dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. La empresa ha operado en Colombia durante más de tres décadas, particularmente en regiones con alta conflictividad como Casanare.
Las oficinas embargadas están ubicadas en el centro financiero de Bogotá. Ahora, bajo custodia del Fondo para la Reparación de las Víctimas, estos bienes serán administrados con el fin de destinar sus recursos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar.
Acusaciones de financiación a grupos armados ilegales
La investigación de la Fiscalía parte del testimonio de al menos tres exparamilitares desmovilizados del Bloque Centauros, una facción de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas declaraciones revelan que la empresa habría proporcionado dinero, combustible, alimentos y transporte a grupos armados ilegales, a cambio de protección en sus operaciones petroleras.
Este apoyo logístico habría contribuido al fortalecimiento de estructuras paramilitares que, entre 1997 y 2006, dominaron amplias zonas del oriente colombiano, particularmente en Casanare, un territorio históricamente golpeado por la violencia y la disputa por el control territorial entre guerrillas, paramilitares y actores económicos.
Pruebas y cooperación internacional
Para sustentar las medidas judiciales, la Fiscalía obtuvo información clave mediante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización regional enfocada en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Gracias a esta cooperación internacional, se accedió a datos sobre la estructura corporativa y el control financiero de Perenco, lo que permitió identificar bienes sujetos a extinción de dominio. Asimismo, se aplicaron técnicas de análisis criminal que, según el comunicado oficial, evidencian que la financiación ilegal fue presuntamente autorizada por las máximas instancias de la compañía.
La Fiscalía también incorporó a la investigación documentos relacionados con los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, material esencial para fundamentar la solicitud de embargo que el Tribunal de Bogotá aceptó.
Reacciones y repercusiones
Hasta el momento, Perenco no ha emitido un comunicado oficial respecto a la medida judicial. No obstante, el caso ha encendido alarmas en el sector energético, donde diversas organizaciones exigen mayor control sobre las actividades de multinacionales que operan en zonas de alto riesgo.
Analistas coinciden en que este caso podría sentar un precedente histórico en Colombia, al vincular de manera directa a una empresa internacional con dinámicas del conflicto armado interno. Asimismo, refuerza el papel de la Justicia Transicional y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en la búsqueda de responsabilidad corporativa por violaciones de derechos humanos.
¿Qué sigue para las víctimas?
Con la entrega de las oficinas al Fondo para la Reparación de las Víctimas, se abre una nueva vía para que los afectados por el accionar paramilitar en Casanare puedan acceder a indemnizaciones. La medida es considerada un avance significativo en la restitución de derechos y en la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado.
