Exjefes de las FARC admiten reclutar 18.000 menores en la guerra

Mar, 08/07/2025 - 13:10
Seis excomandantes de las FARC reconocen reclutamiento forzado de más de 18.000 menores: “Un crimen injustificable”
Créditos:
EFE

En un hecho de gran impacto para el proceso de verdad y justicia transicional en Colombia, seis miembros del último secretariado de la desmovilizada guerrilla de las FARC reconocieron este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores durante el conflicto armado. En una carta pública, calificaron este crimen como “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados”.

El documento, firmado por Rodrigo Londoño (último comandante de las FARC), y los actuales senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como por los excomandantes Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape y Jaime Alberto Parra, representa un hito en la construcción de la verdad sobre uno de los capítulos más dolorosos del conflicto colombiano.

Una confesión dolorosa y necesaria

"Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (...) fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social", señalaron los exjefes guerrilleros en la carta enviada a la JEP. Esta declaración se da como respuesta a la imputación que la jurisdicción les realizó en noviembre de 2024, en la que los señaló como “máximos responsables” por el reclutamiento forzado de 18.677 menores, particularmente entre los años 1996 y 2006.

Las imputaciones también incluyen delitos como malos tratos, tortura, homicidio, así como violencia sexual, reproductiva y por prejuicio. Según la JEP, en las filas de las FARC, “niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos”.

Responsabilidad y compromiso con la verdad

En su respuesta, los comparecientes admitieron que los hechos representaron una “fuente de profundo sufrimiento” y asumieron su responsabilidad. “Aceptamos ese pasado cuyas consecuencias aún resuenan en el presente del país”, indicaron. Asimismo, reiteraron su compromiso con la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición de estos hechos.

“Estamos dispuestos a contribuir con una verdad judicial útil para las víctimas. Aportar a la verdad no solo es un deber legal sino un imperativo ético con quienes más sufrieron el conflicto”, afirmaron en el documento.

Marcas imborrables en la niñez colombiana

El año pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que estos seis excomandantes participaron activamente en las Conferencias Nacionales Guerrilleras, donde se definieron las políticas estratégicas de la organización, entre ellas, el reclutamiento de menores.

Como máximos dirigentes del grupo armado, los imputados “tenían el deber de prevenir, contener y sancionar estos crímenes de guerra, pero no lo hicieron”, explicó la JEP. La Sala también subrayó que las víctimas infantiles sufrieron una “pérdida de la esencia de la niñez” y la anulación de su derecho a forjar su propia identidad.

¿Qué sigue para los responsables?

Este reconocimiento público será un factor clave en el proceso judicial que lidera la JEP. La aceptación de responsabilidad podría permitir a los excomandantes acceder a penas alternativas, siempre y cuando cumplan con los principios de verdad, reparación y garantías de no repetición.

Sin embargo, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos insisten en que estas confesiones deben ir acompañadas de acciones concretas, reparación integral y un compromiso activo para que estas violaciones no vuelvan a repetirse jamás en Colombia.

Un paso más en la búsqueda de justicia

Este pronunciamiento se suma a una serie de verdades que han ido saliendo a la luz en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016. Aunque todavía hay sectores escépticos respecto a la voluntad real de los exguerrilleros, este tipo de reconocimientos son considerados esenciales para avanzar en la sanación del tejido social.

La memoria de los más de 18.000 menores reclutados forzadamente exige no solo justicia judicial, sino también justicia histórica. Y aunque nada podrá devolverles su niñez, este tipo de pasos representan un avance en el camino hacia una Colombia en paz.

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