Luego de años de proceso judicial, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez está cada vez más cerca de conocer si será absuelto o condenado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El Juzgado 44 Penal de Bogotá decretó el próximo 28 de julio como la fecha en la que se conocerá el sentido del fallo en primera instancia, luego de que este martes 8 de julio se diera por finalizada la etapa de alegatos y defensa material.
El juicio contra el exmandatario gira en torno a su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos que lo habrían vinculado con la creación y apoyo de grupos paramilitares durante su carrera política. La Fiscalía sostiene que existen testimonios y pruebas materiales suficientes para solicitar una condena contra Uribe, mientras que la defensa del líder del Centro Democrático insiste en su inocencia.
La defensa material del expresidente
Durante la diligencia de este martes, que tuvo lugar en el complejo judicial de Paloquemao, Uribe ejerció su defensa material ante la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva el caso desde hace varios meses. Acompañado de figuras como la senadora Paloma Valencia, el exjefe de Estado reiteró que nunca dio instrucciones a su exabogado Diego Cadena ni a otras personas —como el excongresista y actual magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada— para que ofrecieran prebendas o beneficios a testigos.
Según Uribe, las reuniones entre Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve —testigo clave del caso—, fueron estrictamente para revisión de declaraciones, pues supuestamente Monsalve deseaba retractarse de los señalamientos contra el expresidente. Uribe aseguró que el abogado de Monsalve, Héctor Romero, nunca denunció presión o manipulación, mientras que el propio Monsalve alega que recibió propuestas de beneficios y presiones para cambiar su versión.
Contradicciones y testimonios clave
Uno de los elementos más comprometedoras para la defensa es el testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien declaró que Cadena le ofreció $200 millones y asesoría jurídica gratuita para modificar su testimonio a favor de Uribe. Al parecer, al no recibir el pago completo, Vélez decidió revelar el intento de manipulación a la justicia.
Por su parte, Monsalve, considerado el testigo estrella del caso, denunció que durante una visita en la cárcel La Picota, Cadena le ofreció una acción de revisión de su condena por secuestro extorsivo y le prometió ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Posteriormente, Monsalve firmó una carta dirigida a la Corte Suprema retractándose de sus acusaciones contra Uribe, pero adjuntó una nota en la que afirmaba que lo había hecho bajo presión.
Acusaciones cruzadas
Uribe también utilizó su intervención para arremeter contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de realizar ofrecimientos similares a testigos en cárceles. Aseguró que tanto Cepeda como la abogada Mercedes Arroyave ofrecieron beneficios legales y asilos a cambio de declaraciones que lo vincularan, junto a su hermano Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El expresidente solicitó públicamente que se investigue a Arroyave, quien no compareció durante el juicio pese a ser citada por la justicia.
Una decisión esperada
Al cierre de la audiencia, Uribe pidió directamente a la jueza: “Le pido que me absuelva, señora juez”, apelando a su trayectoria y asegurando que su interés es defender su reputación y la de su familia.
La jueza Sandra Heredia confirmó que se tomará el tiempo necesario para evaluar las pruebas y argumentos presentados, estableciendo el 28 de julio como fecha límite para anunciar el fallo. Días atrás, había solicitado al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que no se le asignen más casos por reparto, con el fin de concentrar toda su atención en este expediente, cuyo plazo de prescripción expira el próximo 16 de octubre.
La expectativa nacional por el desenlace de este proceso es alta. Se trata del primer juicio penal en Colombia contra un expresidente por delitos relacionados con la manipulación de testigos, en un caso que ha polarizado a la opinión pública y podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.
