La excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa terminó abruptamente la noche del domingo en Caracas. El líder del partido Primero Justicia, liberado horas antes tras más de ocho meses en prisión, fue nuevamente detenido en circunstancias que familiares y aliados calificaron como un secuestro, lo que encendió nuevas alertas sobre el uso de detenciones arbitrarias en Venezuela.
Según denuncias públicas, Guanipa fue interceptado en la urbanización Los Chorros, cuando un grupo de hombres armados, vestidos de civil y sin identificación, llegó en al menos cuatro vehículos y se lo llevó por la fuerza.
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Su hijo, Ramón Guanipa, relató que el dirigente se encontraba en un evento alrededor de las 11:45 p. m. cuando fue “emboscado por aproximadamente 10 agentes”. “Apuntaron con armas y se llevaron a mi padre”, afirmó, exigiendo pruebas de vida.
Reacción de la oposición
El partido Primero Justicia responsabilizó directamente a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida del dirigente. Por su parte, María Corina Machado, desde el exilio, denunció el hecho en redes sociales y aseguró que se trató de una operación violenta ejecutada por fuerzas del régimen.
Horas después, el Ministerio Público confirmó la detención y explicó que había solicitado ante el tribunal la revocatoria de la medida cautelar otorgada a Guanipa, al considerar que incumplió las condiciones de su liberación, aunque no precisó cuáles. La Fiscalía también informó que pidió su traslado a detención domiciliaria.
Guanipa había sido excarcelado como parte de un proceso que incluyó la liberación de al menos 30 presos políticos, según la ONG Foro Penal. Entre los liberados figuran también Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, así como Luis Somaza y Jesús Armas.
Organizaciones civiles advierten que estas excarcelaciones no constituyen libertad plena, ya que imponen medidas cautelares estrictas, como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales y restricciones para declarar a la prensa, mientras los procesos judiciales siguen abiertos.
El dirigente fue detenido inicialmente en mayo de 2025, tras acusaciones sin pruebas del ministro Diosdado Cabello, quien lo vinculó a un supuesto plan de “terror” contra elecciones regionales y legislativas. Guanipa negó reiteradamente esos señalamientos y permaneció meses en la clandestinidad tras la crisis política posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024.
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La nueva detención ocurre mientras la Asamblea Nacional debate una ley de amnistía que, según el chavismo, permitiría la liberación total de presos políticos antes del 13 de febrero. Sin embargo, el caso de Guanipa ha sembrado dudas sobre la credibilidad del proceso.
Actualmente, Foro Penal estima que más de 500 personas continúan detenidas por motivos políticos, mientras persisten diferencias entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones de derechos humanos.
