La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra Wadith Manzur y Karen Manrique volvió a poner en circulación una expresión que suele aparecer en los peores momentos de la política colombiana: la silla vacía. El tribunal los acusó por cohecho impropio y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario dentro del escándalo de la UNGRD, en un caso que reabrió la pregunta sobre si el nuevo Congreso, que inicia su primer periodo el 20 de julio, podría arrancar con dos curules sin reemplazo.
¿Qué es la silla vacía?
La silla vacía no es un delito ni una condena adicional. Es una regla constitucional del artículo 134 que establece que los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tienen suplentes y que, aunque en ciertos casos sí pueden ser reemplazados por el siguiente de la lista, hay eventos en los que esa curul no se puede llenar. Ahí es donde aparece la llamada silla vacía: el asiento queda sin reemplazo. La propia Cámara de Representantes, en un procedimiento interno vigente, la define justamente como la prohibición de proveer el reemplazo de la curul cuando existen decisiones judiciales penales sobre su titular.
¿Cuándo se activa?
No opera por cualquier investigación ni por cualquier ausencia. El artículo 134 cierra la puerta al reemplazo cuando se trata de condenas por delitos relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. También impide el reemplazo de quienes renuncian después de haber sido vinculados formalmente a procesos por esos delitos y, además, de las faltas temporales de quienes tengan orden de captura dentro de esos procesos.
¿Por qué volvió a discutirse ahora?
La discusión regresó porque la Corte Suprema informó el 11 de marzo de 2026 que acusó por cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista, y que además cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte. Reportes de prensa los identifican, además, como congresistas reelegidos para el próximo Congreso. Y ese detalle importa porque el cohecho impropio, previsto en el artículo 406 del Código Penal, hace parte de los delitos contra la administración pública, una de las categorías que la Constitución trata con mayor severidad para efectos de reemplazo de curules.
¿Qué pasa con la curul?
Cuando opera la silla vacía, la consecuencia no es solo simbólica. La curul no pasa automáticamente al siguiente nombre de la lista. Se queda sin reemplazo y, además, la Constitución ordena que esas curules no se tengan en cuenta para calcular el quórum de la corporación. Es decir, no solo sale el congresista: también se reduce, de manera efectiva, el número de asientos con los que sesiona el órgano legislativo.
Lo que todavía no está cerrado
Ahora bien, decir desde ya que el nuevo Congreso arrancará con dos curules vacías sería ir demasiado lejos. Aquí hay un tramo institucional que todavía no se ha agotado. Un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado recordó en 2018 que, si una persona elegida como congresista no se posesiona en la fecha prevista ni dentro de los ocho días siguientes, la mesa directiva debe solicitar la pérdida de investidura, y solo con una sentencia ejecutoriada de ese proceso puede llamarse al siguiente de la lista. Por eso, en este caso, la discusión no es solo penal: también pasa por la forma en que se resuelva la posesión o la falta del elegido al comenzar el nuevo periodo.
¿Por qué importa más allá del escándalo?
La silla vacía es una de las sanciones institucionales más duras del sistema político colombiano porque no golpea solo al elegido. También afecta al partido, movimiento o lista que lo llevó a esa curul, que pierde la posibilidad de conservar esa representación con otro nombre. Por eso el caso de Manzur y Manrique importa más allá del expediente de la UNGRD: volvió a poner sobre la mesa una regla pensada para que ciertas curules no sigan funcionando como si nada cuando sus titulares quedan comprometidos en procesos por corrupción o por otras conductas especialmente graves.
