En Colombia, la ciudadanía elige Presidente y Congreso. Los magistrados de las altas cortes no se eligen por voto popular: llegan por mecanismos de designación entre instituciones. Con el debate electoral de 2026, vuelve la discusión sobre si la justicia debe entrar o no a un esquema de elección en tarjetón.
El punto de fondo
El diseño parte de una separación de funciones. El Congreso y la Presidencia gobiernan con base en mayorías y programas políticos. Las altas cortes cumplen una función distinta: aplicar la Constitución, resolver conflictos entre poderes y proteger derechos aun cuando una decisión sea impopular.
En ese esquema, la legitimidad de los jueces se construye por su nombramiento institucional y por el marco de reglas que limita su actuación, no por campaña.
¿Cómo se designan hoy las altas cortes?
La integración varía por jurisdicción, pero no incluye tarjeta nacional para magistrados.
- La Corte Constitucional (CC) se elige en el Senado a partir de ternas presentadas por distintas autoridades del Estado.
- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de Estado (CE) se integran mediante elección interna de sus miembros, a partir de listas de elegibles elaboradas en el sistema de gobierno y administración judicial.
- La figura de jueces de paz se cita como un esquema con componente comunitario, pero no define la composición de las altas cortes.
¿Por qué no se usa voto popular para magistrados?
La explicación institucional se concentra en tres objetivos. En primera instancia se encuentra la independencia: evitar que el juez dependa de partidos, financiadores o estructuras electorales. Por otro lado, la imparcialidad: reducir incentivos para ajustar decisiones a la lógica de campaña. Finalmente la idoneidad: asegurar trayectorias y requisitos profesionales definidos por reglas de acceso y evaluación, en lugar de criterios de popularidad.
¿Qué está en juego si se pasa al tarjetón?
Un sistema de elección popular introduce reglas de competencia electoral: financiación, publicidad, organización territorial y alianzas. Eso modifica incentivos y obliga a regular asuntos como topes, vigilancia, conflictos de interés y régimen de inhabilidades.
En términos prácticos, el cambio no es solo el mecanismo de elección: es la relación entre el juez y los actores que participan en campañas.
