El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó este martes que la consulta popular impulsada por su gobierno se adelantará por decreto, en caso de que el Congreso no responda dentro del plazo establecido sobre las presuntas irregularidades en la votación. Con este anuncio, el mandatario no solo tensiona aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también advierte directamente a la Corte Constitucional, dejando entrever que podría ser demasiado tarde para frenar el proceso cuando llegue a manos del alto tribunal.
¿Qué hay detrás del decreto?
La controversia gira en torno al procedimiento legislativo que debía validar el avance de la consulta popular. Según Petro, el Senado incurrió en vicios de forma al no leer ni debatir el texto de las preguntas ni su solicitud formal de concepto previo, como lo establece la Ley 5ª de 1992, que regula el reglamento del Congreso.
Este vacío, a juicio del presidente, anula el concepto previo requerido por ley, lo que abriría la puerta para aplicar el literal c del artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, que permite al presidente convocar directamente una consulta popular si el Congreso no emite concepto dentro del término legal.
La carta del Ministerio del Interior
En medio del enfrentamiento institucional, el Ministerio del Interior envió un derecho de petición al presidente del Senado, Efraín Cepeda, señalando las presuntas irregularidades y advirtiendo que, de no corregirse antes del 1 de junio, el Ejecutivo consideraría como no emitido el concepto requerido.
Petro, en su cuenta de X (antes Twitter), respaldó esta postura y aseguró que lo ocurrido representa un “fraude al voto”, responsabilizando directamente a Cepeda de liderar una estrategia para frenar el mecanismo participativo. “Provocó un fraude al voto. Para el gobierno no existe concepto previo y por tanto se abre la opción de aplicar el literal c”, escribió.
Enfrentamiento con el Congreso y críticas a la Corte
Más allá de la legalidad, el debate ha escalado hacia lo político. El presidente no dudó en calificar a varios senadores como “brutos” y “neoesclavistas”, en referencia al rechazo que recibió su reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, aunque luego fue revivida en la Comisión Cuarta. Petro sostiene que el respaldo popular ha dado nuevo aire a su agenda reformista y que por eso recurrirá a las urnas.
En ese mismo tono desafiante, el mandatario lanzó una advertencia directa a la Corte Constitucional, que recientemente desautorizó un concepto técnico de una funcionaria del gobierno sobre la consulta y anunció posibles sanciones. “Sé que las tutelas presentadas terminarán en la Corte en unos meses. Quizás ya sea tarde, pero tendrá la oportunidad de restablecer un pilar de la Constitución de 1991: la democracia participativa”, sentenció Petro.
¿Qué busca la consulta popular?
Aunque el Gobierno no ha divulgado en detalle todas las preguntas, se sabe que la consulta incluiría temas clave como la reforma laboral, el sistema de salud, la educación y los servicios públicos, áreas donde las reformas estructurales del presidente han enfrentado obstáculos legislativos persistentes.
Con el recurso al decreto, Petro busca darle un nuevo impulso a su agenda bajo la bandera de la soberanía popular, amparándose en el principio de democracia participativa consagrado en la Constitución de 1991. Sin embargo, la viabilidad legal de esta vía directa sigue siendo incierta, y su implementación podría desatar una ola de demandas constitucionales y un conflicto de poderes sin precedentes en la historia reciente del país.
