La congresista electa Laura Daniela Beltrán, conocida como 'Lalis', denunció ante las autoridades electorales al candidato presidencial Santiago Botero por una presunta conducta de compra de votos, lo que podría constituir un delito electoral en medio de la campaña hacia la Presidencia de la República.
De acuerdo con la denuncia, presentada ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), adscrita al Ministerio del Interior, los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de abril. Según Beltrán, el aspirante habría ofrecido dinero públicamente a cambio de apoyo electoral.
“El pasado 16 de abril el candidato a la Presidencia Santiago Botero Jaramillo presuntamente ofrecería dinero en público a cambio de votos. Rifó 25 millones de pesos y no es rumor. Hay un video donde se escucha y se ve cómo lo hace”, aseguró la congresista electa, quien pidió que el caso sea trasladado a las autoridades competentes.
En ese sentido, solicitó que la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existió una vulneración a las normas que regulan el proceso electoral.
Beltrán calificó la situación como grave y advirtió que este tipo de prácticas ponen en riesgo la democracia y la libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. “Aquí estamos para hacer control político. Pedimos a la Fiscalía que investigue estos hechos y que el Consejo Nacional Electoral ponga en claro los topes de esta campaña”, afirmó.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse influenciar por ofertas económicas o promesas engañosas en el marco de la contienda electoral. “No se dejen engañar, no cambien su voto por plata ni por promesas vacías, porque esto no vale cuatro años de mala suerte con un gobierno corrupto”, agregó.
La denuncia se produce en un contexto de alta tensión política y creciente escrutinio sobre las campañas presidenciales en Colombia, en las que diferentes sectores han advertido sobre la necesidad de garantizar la transparencia y legalidad en la financiación y promoción electoral.
De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal colombiano, el delito de corrupción al sufragante contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes ofrezcan o entreguen dinero con el propósito de influir en el voto de los ciudadanos.
Hasta el momento, el candidato Santiago Botero no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. Entretanto, se espera que las autoridades evalúen las pruebas presentadas, incluido el video mencionado, para determinar si hay mérito para abrir una investigación formal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las garantías electorales y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en medio de la campaña presidencial en Colombia.
