La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en el municipio de Cajicá, institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador, la menor que desapareció el pasado 12 de agosto de 2025 y fue encontrada 18 días después.
La decisión se tomó tras evidenciar intervenciones no permitidas en la ronda de protección del Río Frío, sector donde, según versiones conocidas durante la investigación, la niña habría sido vista por última vez.
La autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las actividades que se desarrollaban dentro de esta franja de protección, al considerar que se estarían vulnerando normas ambientales vigentes. De acuerdo con la CAR, desde el año 2014 se estableció una zona de reserva de 50 metros a lado y lado del cauce principal del Río Frío, en la cual solo se permiten acciones orientadas a la restauración y conservación ambiental.
El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que cualquier tipo de cerramiento, construcción o adecuación de espacios, incluso cuando se trate de estructuras provisionales, está prohibida dentro de esta área. “La ronda hídrica cumple una función ambiental fundamental para la protección del recurso hídrico y del ecosistema, por lo que no puede ser ocupada con actividades recreativas, productivas o de infraestructura”, señaló el funcionario.
La medida se adoptó luego de un recorrido realizado por un equipo técnico y jurídico de la dirección regional Sabana Centro de la CAR en las instalaciones del plantel educativo. Durante la visita, se constató que, aunque el colegio cuenta con licencia urbanística, no se encontró evidencia de un permiso ambiental que autorizara el cerramiento dentro de la ronda de protección del río.
Asimismo, los funcionarios identificaron varias intervenciones en esta zona ambientalmente protegida, entre ellas una granja y una huerta construidas en madera y teja de zinc, una cancha de minigolf, una cubierta con estructura metálica, una cancha de voleibol en arena y un parqueadero para bicicletas y motocicletas. Estas obras, según la CAR, habrían generado una afectación al suelo en un área aproximada de 650 metros cuadrados.
- Le recomendamos: “Los 69 minutos perdidos” nuevas claves del caso de Valeria Afanador
Ballesteros enfatizó que, en casos relacionados con zonas de conservación ambiental, la CAR tiene la competencia para ordenar la suspensión de actividades e iniciar procesos administrativos sancionatorios. Estos trámites, tras surtir el debido proceso, pueden culminar con multas de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Corporación señaló que la medida preventiva tiene como objetivo evitar la continuación de acciones que puedan causar daño al medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana. Mientras tanto, el caso seguirá en evaluación para determinar las responsabilidades correspondientes y las acciones que deberá adoptar la institución educativa para ajustarse a la normativa ambiental vigente.
