Clara Ximena Salcedo, la jueza 30 de garantías que el pasado sábado 10 de octubre ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, habría sido blanco de varias amenazas a través de redes sociales tras haber tomado esta decisión que causó revuelo a nivel nacional.
Las autoridades están tras la pista de los responsables de estos supuestos hostigamientos y, después de hacer un estudio, le asignaron protección. Los investigadores tratan de establecer quién está detrás de estos actos y si estos tienen relación con la determinación que tomó en el caso de Uribe Vélez.
El abogado Jaime Granados, defensor del máximo líder del Centro Democrático, rechazó las amenazas a la jueza que dejó libre a Álvaro Uribe y pidió que se proteja su vida e integridad.
"Rechazo enfáticamente cualquier tipo de amenaza o intimidación a la Juez 30 de garantías de Bogotá y a todas las autoridades judiciales que día a día cumplen con la valiente tarea de administrar justicia. Pido a los funcionarios competentes que les brinden protección", manifestó en su cuenta de Twitter.
La jueza que dejó libre a Álvaro Uribe es abogada de la Universidad Nacional y en sus manos cayó de manera aleatoria esta historia judicial después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el expediente por presunto soborno y fraude procesal a la Fiscalía.
Fue la Sala Plena de ese alto tribunal la que estableció que la investigación debe seguir bajo las reglas de juego de la Ley 906 de 2004 y ratificó la competencia de la jueza 30 de garantías para resolver solicitudes como la libertad.
¿Por qué la jueza 30 dejó en libertad a Álvaro Uribe?
La jueza 30 de garantías de Bogotá dejó al expresidente Álvaro Uribe en libertad tras haber estado dos meses en detención domiciliaria en medio del proceso penal que cursa en su contra por presunta manipulación de testigos.
La audiencia inició hacia las 8:40 de la mañana del pasado sábado 10 de octubre. La funcionaria judicial hizo un recuento de lo que dice la jurisprudencia en este tipo de casos, explicó las diferencias y similitudes entre la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004, y en qué etapa queda el proceso ahora que está en manos de la Fiscalía.
Después de escuchar a la defensa del exmandatario, la Fiscalía, Ministerio Público y representantes de víctimas, Clara Ximena Salcedo estuvo de acuerdo en que no es posible equiparar la indagatoria ante la Corte Suprema que se le hizo a Uribe Vélez en octubre de 2019 con una audiencia de imputación de cargos. Por lo tanto, consideró que el máximo líder del Centro Democrático no podía seguir preso al no contar con la calidad de "imputado".
"Equiparar la imposición de una medida de aseguramiento bajo los parámetros de una indagatoria con las garantías para imponer la misma bajo la Ley 906 de 2004, no hace menos que desnaturalizar la estructura del proceso. Esta última responde de mejor manera a los estándares internacionales en materia de garantías judiciales", explicó.
