Esta semana se llevó a cabo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que podría determinar la responsabilidad internacional de Colombia por la privación de la libertad, tortura y violación sexual de la periodista y defensora de derechos humanos Jineth Bedoya Lima.
Lo que más llamó la atención durante la audiencia fue que el Estado decidió retirarse para recusar la imparcialidad de casi todos los magistrados de la Corte, algo que ningún país había hecho en la historia de este tribunal.
Aunque el cubrimiento mediático se ha desviado hacia el comportamiento del Estado ante el tribunal interamericano, vale la pena examinar la información que aportó la víctima durante la audiencia, que refleja no solo la crudeza de su caso sino la compleja realidad sobre la relación criminal entre agentes del Estado y paramilitares a finales de los años noventa e inicios del 2000 en la cárcel La Modelo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudió el caso antes de enviarlo a la Corte IDH, concluyó en su Informe de Fondo que Colombia es responsable por no proteger los derechos de Bedoya pese a conocer las amenazas de las que era víctima en razón de sus investigaciones periodísticas, y que tampoco le brindó protección efectiva, ni inició investigaciones diligentes para determinar los autores de dichas amenazas. Para la Comisión es atribuible al Estado tanto la privación de la libertad, como los hechos de violencia en su contra, incluida la tortura y la violación sexual.
Durante la primera audiencia del 15 de marzo ante la Corte IDH, Bedoya mencionó varios temas polémicos, que llamaron la atención del tribunal. Estos son algunos de ellos:
1. La cárcel La Modelo era una oficina del crimen
Jineth Bedoya se ha especializado en cubrir temas judiciales y de conflicto armado durante más de 25 años. Inició en la radio investigando las violaciones de derechos humanos en la cárcel en 1997, pero tras recibir amenazas renunció a su cargo. Sin embargo, en el año 2000, siendo reportera del diario El Espectador, retomó las investigaciones de la cárcel La Modelo sobre tráfico de armas, compraventa de secuestrados y otras violaciones de derechos humanos en el centro penitenciario.
Para entonces, Colombia estaba en una de sus peores crisis del conflicto armado interno. La guerrilla tenía prácticamente sitiadas algunas ciudades, surgieron grupos paramilitares que ganaban terreno y se fortalecían bajo el amparo de algunos agentes del Estado y, por si fuera poco, incrementaba el narcotráfico que ayudaba a financiar a estas organizaciones.
Por su parte, la libertad de prensa estaba seriamente amenazada y se asesinaba a muchos periodistas que investigan lo que sucedía en Colombia. Precisamente, antes del secuestro de Bedoya, los paramilitares mataron a muchos comunicadores, como por ejemplo Óscar García Calderón, quien fue asesinado el 23 de febrero de 1998; Amparo Jiménez, el 11 de agosto de 1998; Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, y Guzmán Quintero Torres, el 16 de septiembre de 1999, entre otros.
En ese centro de reclusión confluían todos los actores del conflicto: guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia organizada.
"La cárcel La Modelo, por tener recluidos a varios de los jefes de todas estas organizaciones, se convirtió en una oficina desde donde se manejaba todo”, aseguró Bedoya. En ese momento, La Modelo llegó a ser catalogada como una de las prisiones más peligrosas del mundo. La guerrilla y paramilitares controlaban diferentes partes del recinto y cuando la tregua de no cruzar los patios entre ambos grupos se violaba, habían enfrentamientos armados con fusiles y granadas dentro de la cárcel. “Yo podía entrar entre semana a la cárcel a consultar una de mis fuentes y los paramilitares tenían fusiles R-15 y AK-47 patrullando los pasillos y celdas”, aseguró Bedoya.
La masacre que detonó el secuestro de Jineth Bedoya
La cárcel adquirió aún más protagonismo durante las conversaciones de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc, pues habían llegado a un acuerdo para canjear guerrilleros encarcelados por policías secuestrados. Entre febrero de 1999, cuando Bedoya entró a trabajar a El Espectador, y el 25 de mayo del 2000, cuando fue víctima de secuestro, se publicaron 32 piezas periodísticas que documentaban lo que sucedía en la cárcel: ajustes de cuentas, fugas por medio de túneles, disturbios, tráfico de armas, hacinamiento, casos de secuestros, desapariciones, extorsiones y descuartizamientos.
El 27 de abril de 2000 ocurrió una masacre dentro de La Modelo durante enfrentamientos entre guerrilleros, paramilitares y delincuencia común, que dejó 25 muertos y 41 heridos. Jorge Cardona, editor general de El Espectador, dijo en su testimonio ante la Corte IDH que el cubrimiento periodístico de estos hechos fue el detonante para el secuestro y violación de Bedoya casi un mes después. Y aclaró que para entonces no solo Bedoya sino los medios colombianos en general buscaban develar lo que sucedía en las cárceles, que era un reflejo del recrudecimiento de la guerra.
Los Calvos, la organización criminal integrada por policías
“Lo paradójico era que públicamente los agentes del Estado combatían a los grupos ilegales, pero dentro de la cárcel eran aliados y tenían alianzas para vender, negociar, traficar armamento y surtir de armas a algunos frentes de las Farc y del paramilitarismo”, señaló Bedoya durante la audiencia.
La periodista mencionó a la organización criminal Los Calvos, integrada por miembros de la Policía, que secuestraba a empresarios y comerciantes en Bogotá para luego venderlos a la guerrilla. Además, servían de intermediarios para que los familiares pagaran el rescate y negociaban armamento con los grupos ilegales.
Las carpetas de “Popeye”
Bedoya contó que la cárcel también funcionaba como oficina central del paramilitarismo. En el ala de alta seguridad estaban recluidos los jefes paramilitares más importantes y también el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez alias “Popeye”. En la celda del sicario había carpetas con documentos de varias personas, la periodista recuerda haber visto una con el nombre de Jaime Garzón. También había una con documentos del caso de Jineth Bedoya: tenían copia de sus declaraciones ante la Procuraduría y la Fiscalía, e informes de inteligencia militar de la Quinta División del Ejército y de la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL).
Actualmente, la cárcel La Modelo sigue funcionando y tiene, desde la década de los noventa, un hacinamiento del 150%. Los reclusos se encuentran en pésimas condiciones de salubridad y de derechos humanos. Además, es un centro penitenciario donde ocurren varios de los delitos que viene denunciando Bedoya hace más de veinte años: “No ha habido un solo momento donde se pueda decir que esta cárcel ha sido atendida por el Estado y se han brindado condiciones dignas de reclusión”.
2. La Policía le recomendó a Bedoya ir a la cárcel donde la secuestraron
Tras el cubrimiento de la masacre del 27 de abril dentro de la cárcel, Bedoya empezó a recibir llamadas amenazantes. También llegaron cartas a la redacción de El Espectador, por lo que acudieron a la Policía. La "inteligencia de la Policía estuvo en el periódico. Nos tomaron algunos testimonios y dijeron que la mejor solución para frenar esas amenazas era que yo me entrevistara con los paramilitares”. Esa misma noche recibieron una llamada de un tal Ramiro, quien supuestamente la contactaba a nombre de Mario Jaimes Mejía alias “El Panadero”, paramilitar encarcelado y protagonista de una masacre en Barrancabermeja, para acordar una entrevista.
Bedoya fue el 25 de mayo a La Modelo para hacer esa entrevista, pero era una trampa. Antes de entrar al centro penitenciario la encañonaron con una pistola y la secuestraron sin que sus acompañantes se dieran cuenta. Estuvo amarrada en un lugar cercano a la cárcel donde la golpearon y luego la sacaron de Bogotá. “Empecé una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos y torturas. Todo terminó en una violación masiva en un lugar a muchas horas de Bogotá (entre Villavicencio y Puerto López), donde había otros hombres uniformados”, recordó entre lágrimas.
3. Bedoya es la investigadora de su propio caso
Luego de los hechos, el entonces editor judicial de El Espectador, Jorge Cardona, interpuso la denuncia por secuestro. Meses después, cuando se supo el paradero de Jineth y lo que le había ocurrido, la Fiscalía la llamó para presentar declaraciones. Junto a varios periodistas entregó pruebas, como grabaciones a personas que dieron testimonios de quiénes eran los autores materiales, obtenidas en la labor periodística. Sin embargo, al parecer todas ellas y parte del expediente se perdieron en los meses siguientes.
“Durante 11 años el fiscal que estaba encargado del caso me llamaba para decirme que por qué yo no seguía investigando y que le entregara esas investigaciones para poder aclarar el hecho”, aseguró Bedoya. En sus palabras, el Estado la revictimizó porque ella no debía ser la responsable de investigar lo sucedido. “¿Yo cómo iba a investigar sobre mi propio dolor y sobre mi propia tragedia?”.
El caso fue declarado crimen de lesa humanidad por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, lo que ha permitido que la investigación siga abierta en la justicia ordinaria. No obstante, de los más de veinte implicados e solo hay tres judicializados. Uno de ellos es el paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco alias “J.J”, quien declaró sobre el caso en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la justicia transicional acordada entre el Estado y los grupos paramilitares, pero no ha habido ninguna condena contra los autores intelectuales.
Bedoya narró su violación doce veces
El proceso estuvo paralizado durante 11 años y solo se reactivó cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) decidió investigar formalmente el caso y presentarlo ante la CIDH. “Tuve que narrar mi violación doce veces ante la Fiscalía, no les bastó con un solo testimonio, sino que me llamaron repetitivamente para que volviera a contar los hechos”, recordó Bedoya.
Desde finales del año 2000, cuando ocurrió el secuestro, hasta marzo de 2021, Bedoya ha sido víctima de amenazas, interceptaciones telefónicas, persecuciones, acoso e intimidaciones a sus fuentes. Al día siguiente de que el caso fuera admitido por la Corte IDH, la llamaron de un número del exterior, le recordaron su violación y la amenazaron una vez más. Pese a cambiar el número telefónico, le siguen llegando amenazas de muerte y panfletos firmados por las Águilas Negras, una facción del paramilitarismo.
4. Un general retirado de la Policía podría ser el autor intelectual
De acuerdo con la investigación que ha adelantado Bedoya, habría personas de la Policía implicadas en su secuestro y violación. Sus primeras investigaciones sugerían que la compraventa de secuestrados era manejada por policías activos: “Lo que no entendíamos en ese momento es que hubiera personas de tan alto nivel implicadas en esa red criminal”. Años después, Bedoya y su equipo investigativo establecieron que a la cabeza de esta red estaba un general de la Policía que había ordenado su secuestro.
De acuerdo con la periodista, la persona que le entregó toda la documentación sobre el responsable del crimen fue asesinada una hora después de reunirse con ella. También contó que otro testigo que estaba recluido y entregó información de quién habría ordenado su secuestro, fue recluido en un anexo psiquiátrico donde le dieron drogas durante cinco años hasta que desarrolló demencia. En 1999, el manejo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la cárcel La Modelo estaba a cargo de la Policía Nacional.
En el año 2008, la periodista presentó las pruebas de los autores intelectuales ante la Fiscalía, pero la investigación no avanzó. En 2011 se presentó el caso ante la CIDH y años más adelante los autores materiales del crimen entregaron los nombres de quienes ordenaron su secuestro en declaraciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional que nació tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
“El general es una persona poderosa que han buscado proteger”
No obstante, desde esa fecha no ha avanzado mucho la investigación. Le hicieron un llamado al general de la Policía en tres oportunidades, pero no se presentó ante la Fiscalía y tampoco fue obligado a comparecer. Por su parte, el INPEC no ha abierto una investigación contra los guardias que estuvieron presentes durante el secuestro.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, este general de la Policía ya no hace parte de la institución, pero maneja a nivel nacional oficinas de seguridad privada. “A esta persona que está señalada la han protegido constantemente, porque es una persona influyente. Es amigo de muchas personas de los diferentes Gobiernos que han pasado en Colombia desde mi secuestro. Tiene poder y nexos muy fuertes con personas que en algún momento pertenecieron a la Policía Nacional. Para mí esta es una muestra de la corrupción ligada al narcotráfico y a la criminalidad que ha alimentado la impunidad en Colombia; mi caso no ha sido la excepción”, aseguró Bedoya.
5. La persecución hacia Bedoya sería sistemática
Jineth Bedoya estuvo a punto de suicidarse, pero prefirió concentrarse en su trabajo. Durante todos estos años se dedicó a documentar el conflicto colombiano haciendo investigaciones y denuncias, que generaban más problemas en su vida. Por ejemplo, ella y un fotógrafo que la acompañaba fueron secuestrados en el 2003 por las Farc. Estuvieron ocho días en cautiverio hasta que, con ayuda de la Iglesia y habitantes de la zona, fueron liberados.
Los seguimientos y amenazas continuaron. Bedoya contó en la audiencia que todavía le llegan panfletos, mensajes, llamadas y cartas intimidantes al periódico donde trabaja. Hasta tuvo problemas con su esquema de seguridad, pues uno de los escoltas que le asignaron para su protección fue capturado por el secuestro del hijo de un líder industrial en Bogotá. “Se logró establecer que mi esquema de seguridad hacía parte de una red de secuestradores de la Policía. Obviamente ese golpe fue muy duro y emocionalmente también, porque ya no podía confiar en nadie”, señaló.
Luego intentaron ingresar a su apartamento forzando la cerradura, interceptaron sus comunicaciones y empezaron a hacerle seguimientos a su mamá. Según la periodista, el director de la Policía inclusive habló con el director del diario El Tiempo, donde actualmente trabaja, para decirle que lo mejor era que Bedoya se fuera del país porque ellos no podían garantizar su vida. “Yo decía: ‘si la Policía no me puede proteger, ¿entonces quién?’”. Durante su intervención, el juez Patricio Pazmiño Freire calificó la persecución y la revictimización que ha sufrido Bedoya como un “acto sistemático”.
6. Hay otra víctima: la mamá de Jineth Bedoya
Dos personas han sido las que han tenido que vivir el drama diario de lo que sucedió: Jineth Bedoya y su mamá, Luz Nelly Lima. En 1999, un año antes del suceso, ambas fueron víctimas de un atentado que denunciaron ante la Policía. En agosto de ese año, Bedoya pidió protección al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad que fue disuelta luego de que realizara interceptaciones telefónicas ilegales. Sin embargo, el DAS respondió que ella no estaba en riesgo y, por lo tanto, no podía acceder a un esquema de seguridad.
A Luz Nelly Lima le han hecho seguimientos y llamadas intimidantes. El Estado no le ha brindado un esquema de seguridad o atención como víctima. “Mi madre perdió su vida completamente”, asegura Bedoya, pues ha tenido que vivir la vida de su hija: perdió contacto con su círculo social, tiene síndrome de estrés postraumático y no puede salir sola a la calle.
Durante la audiencia, Bedoya pidió garantías de seguridad para ella y su madre. “Siento que hablar hoy aquí en esta Corte va acarrear más temas de seguridad y tal vez más amenazas e intimidación. Yo lo puedo manejar porque he vivido en medio de eso durante veinte años, me acostumbré a salir de mi casa sin saber si podía regresar, pero mi mamá no. Eso ha sido lo más duro porque es una mujer que terminó metida en todo esto por el trabajo y las decisiones de su hija y eso es injusto”, agregó la periodista.
7. Como medida de reparación, Bedoya pide clausurar la cárcel La Modelo
Bedoya aseguró que reparar su dolor es casi imposible, pero una medida de reparación sería la clausura de La Modelo, donde fue plagiada. Quiere que la cárcel, que es para un símbolo de impunidad, se convierta en un centro de reparación y un espacio de memoria que le permita a las víctimas tener un espacio para capacitarse.
“Me gustaría transformar algo que tiene tanto dolor, una estructura que bajo sus cimientos tiene pedazos de seres humanos que fueron descuartizados y lanzados por los ductos de las cañerías, y convertirlo en una respuesta real de reparación por parte del Estado. Sería también un camino para muchas mujeres sobrevivientes de violencia sexual que ni siquiera tienen dónde reunirse para hablar de su dolor y para transformarlo a través de talleres, pedagogía o estudios. Yo sueño que esa cárcel sea eso”, señaló la periodista.
8. Bedoya solicitó a la JEP que abra un caso sobre violencia sexual
La presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU declaró a la violencia sexual que se comete contra las mujeres en conflictos armados como una pandemia que azota a las mujeres del mundo. Bedoya fue la primera periodista que habló públicamente sobre su violación y con su fundación ‘No es Hora de Callar’ abrió la puerta para que miles de mujeres narraran el impacto de la violación y el abuso sexual.
De acuerdo con su reportería, la guerra que libró el Gobierno colombiano contra las Farc y los reductos del paramilitarismo afectó gravemente a las mujeres. Las Farc reclutaron niñas para esclavizarlas y violentarlas sexualmente, y muchas de ellas fueron obligadas a abortos forzados. Durante el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc se creía que las cifras de estos flagelos disminuirían, pero las disidencias de las Farc y del paramilitarismo siguieron usando a las mujeres como armas de guerra. A Bedoya aún le llegan reportes de casos en que los grupos armados comercializan la virginidad de niñas en zonas donde el Estado no tiene presencia.
Desde hace cuatro años, la periodista ha liderado una investigación sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Su trabajo ha revelado cómo la prostitución y la explotación se convirtió en un gran negocio para los grupos armados. Para su asombro, uno de los jefes de esta red criminal en el centro del país era uno de los paramilitares que hace 21 años participó en su secuestro.
Por todo lo anterior, solicitó a la Corte IDH que pidiera a la JEP abrir un caso de investigación formal sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, pues para ella este crimen tiene la misma importancia que el secuestro, la desaparición o el reclutamiento forzado.
Además, la periodista colombiana pidió que la Corte siente una posición para revisar, con enfoque de género, el trabajo que hacen las mujeres periodistas latinoamericanas.
Esto permitirá a la Corte IDH desarrollar y consolidar jurisprudencia en materia de libertad de expresión y, en particular, sobre el deber de prevención del Estado en casos que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión de mujeres periodistas.
9. La estrategia jurídica del Estado ha “revictimizado” a Bedoya
El Estado no solo se retiró de la audiencia, sino que recusó a cuatro de los seis magistrados de la Corte IDH. Según Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), durante la audiencia la Corte prejuzgó la culpabilidad del Estado. Además, solicitó que la recusación fuera resuelta por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a que ninguna disposición de la Convención Americana, del Estatuto de la Corte o su Reglamento, prevé un procedimiento como el que propuso el Estado.
La noche del miércoles 17 de marzo, en una resolución, la Corte IDH determinó improcedentes las recusaciones presentadas por Colombia. Para el Tribunal, las preguntas que hicieron los jueces a Bedoya no pueden considerarse carentes de objetividad ni permiten inferir la existencia de una predisposición en contra del Estado. La Corte afirmó que el hecho de que Colombia abandonara la audiencia fue “carente de justificación y es absolutamente desproporcionada, todo lo cual ha supuesto además una revictimización de la señora Bedoya Lima”.
El Estado colombiano ha asegurado que “reconocerá responsabilidad respecto a algunos aspectos que hemos analizado con detenimiento y expondrá los argumentos sobre otros en los que considera se debe evaluar su conducta”, y aprovechó la suspensión por las recusaciones que presentó para hacerle una invitación a la periodista colombiana con el objetivo de lograr una “solución amistosa”, una medida permitida bajo el reglamento de la Corte.
Jineth Bedoya respondió en su cuenta de Twitter que el Estado pretendía silenciarla como lo han hecho sus victimarios y criticó la actitud de la defensa durante la primer audiencia. "Retirarse del juicio ante la Corte IDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual". Por su parte, sus representantes respondieron a la solicitud del Estado considerándola un "canal no apropiado" que denota las "malas prácticas de la defensa del Estado" y calificó la misiva como "un acto de hostigamiento y de litigio malicioso" que no responde a la "solemnidad y dignidad del proceso".
Tras desestimar las recusaciones del Estado colombiano, la Corte IDH anunció que la audiencia continuará el próximo lunes 22 y martes 23 de marzo a las 8:00 AM (hora de Costa Rica).
Por: José Ricardo Báez de la Agencia Anadolu.
