La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa al presidente Gustavo Petro por la presencia de jefes de bandas criminales en un acto oficial realizado en Medellín en junio de 2024. La decisión se tomó tras una denuncia del concejal Alejandro de Bedout.
La denuncia que abrió el proceso
Según informó la Comisión, la actuación se origina en una petición del concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien pidió evaluar si la asistencia de cabecillas delincuenciales a un evento encabezado por el presidente podría involucrar posibles irregularidades. Entre ellas, menciona participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas y una presunta convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente.
De Bedout también solicitó revisar aspectos como un posible hostigamiento a autoridades territoriales, así como la participación de personas privadas de la libertad y miembros de estructuras armadas ilegales en un evento oficial transmitido por medios públicos.
El acto en Medellín y los asistentes
El episodio investigado ocurrió el 21 de junio, durante un acto público liderado por el Gobierno sobre los diálogos de paz con estructuras criminales de Medellín y la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Al evento —conocido como el “tarimazo”— asistieron jefes de bandas que operan en la ciudad y que se encontraban privados de la libertad.
Entre los asistentes estaban Juan Carlos Mesa (“Tom”), Jorge de Jesús Vallejo (“Vallejo”), Freiner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y José Leonardo Muñoz (“Douglas”), señalados por las autoridades como integrantes de estructuras delincuenciales vinculadas a La Oficina. Todos fueron autorizados a salir de centros de reclusión para participar en el acto, lo que generó cuestionamientos públicos.
Contexto de los diálogos urbanos
El evento se enmarcó en la estrategia de diálogos de paz urbana impulsada por el Gobierno Nacional. Desde 2023, el Ejecutivo instaló en Medellín una mesa con grupos armados ilegales de la ciudad con el objetivo de lograr su desmovilización y reducir la violencia en las comunas. Según cifras oficiales, dichas estructuras agrupan a más de 12.000 personas.
El Gobierno adelanta procesos similares en otras ciudades con presencia de organizaciones armadas, entre ellas Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, donde operan grupos como Los Shottas y Los Espartanos.
Próximos pasos de la investigación
Con la apertura de la actuación previa, la Comisión de Acusación deberá determinar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una investigación formal. Esta etapa no implica una acusación, pero sí la recopilación inicial de información para establecer si hubo faltas disciplinarias o constitucionales por parte del jefe de Estado.
La decisión ocurre en un contexto de escrutinio sobre la política de paz urbana del Gobierno y sobre los alcances de los diálogos con estructuras criminales. El proceso continuará bajo la competencia de la Comisión, encargada de tramitar las denuncias contra el presidente.
