La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le solicitó un informe detallado al Gobierno Nacional sobre los hechos ocurridos en las jornadas de protestas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha. El documento deberá ser presentado por la Presidencia y el Ministerio de Defensa en un plazo máximo de 15 días.
El alto tribunal también solicitó que explique el "procedimiento administrativo y de la metodología a través del cual se busque garantizar el esclarecimiento de acciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública, así como de las órdenes de la cadena de mando".
De igual forma, pidió entregar una descripción sobre el avance de las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los ciudadanos en el marco de las movilizaciones sociales.
"Indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos", indicó la Corte.
La Sala Civil le ordenó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo informar sobre el trámite de las solicitudes de víctimas relativas a los protocolos de detención en manifestaciones y capturas desde el 19 de noviembre de 2019.
Y extendió la solicitud del calendario de reuniones presente y futuras, con la agenda de cada una de ellas, relacionado con las actividades de la mesa de articulación de alto nivel entre las 'ías', la Policía Nacional, las víctimas, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales donde se discutió la temática de la reestructuración de las directrices sobre el uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pacíficas.
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"No puede ensancharse el debilitamiento de la confianza ciudadana frente a las instituciones. La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana", expresó la Corte.
