Los excomandantes de la antigua guerrilla de las FARC presentaron un documento ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) para que se les revoque la orden para que reconozcan el delito de esclavitud con las personas que tuvieron secuestradas, un concepto que fue emitido por la Procuraduría (Ministerio Público) y que el tribunal de paz acogió el pasado 5 de noviembre.
Según los excomandantes, dicha orden "viola el derecho fundamental al debido proceso", por lo que en el documento, de 16 páginas entablaron los recursos de reposición y de apelación. En el documento los exintegrantes del Secretariado (dirigencia) de las FARC reiteraron ante la JEP "el compromiso con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición".
El documento fue firmado por el exlíder de las FARC y ahora del partido de izquierda Comunes (antes FARC), Rodrigo Londoño, 'Timochenko', y por los también excombatientes Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel Redondo (conocido como 'Joaquín Gómez'), Rodrigo Granda, y por los senadores Julián Gallo (conocido como 'Carlos Antonio Lozada') y Pablo Catatumbo.
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Asimismo, aseguran que los hechos que se les endilgan relacionados con esclavitud "ya fueron plenamente reconocidos por los comparecientes individualizados", y aseguran que, a su juicio, "no existe una individualización de la respectiva conducta de esclavitud", porque no expone criterios de tiempo, modo y lugar que permitan entender por qué ellos son responsables de las conductas. Por último, sostienen que la JEP busca el reconocimiento de hechos y conductas y no de tipos penales.
El pasado 5 de noviembre la Procuraduría comunicó que la JEP acogió un concepto del Ministerio Público en el que se concluyó que la extinta guerrilla de las FARC incurrió en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, ya que obligó a los secuestrados a realizar trabajos forzados como castigo, lo cual además hacía parte de la política de secuestro.
El órgano de control documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores.
Asimismo, documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común. "Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 (excombatientes de FARC) tendrán diez días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad", indicó la Procuraduría esa vez.
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La JEP solicitó 18 conceptos para tomar una decisión final sobre la imputación de cargos contra los integrantes del Secretariado de las FARC por casos de esclavitud y trabajos forzados a las personas que estaban secuestradas.
"La Sala busca conocer diferentes opiniones de académicos, universidades colombianas y de Estados Unidos, centros de estudio y Organizaciones No Gubernamentales conocedoras del marco legal y temas de esclavitud para definir así la continuidad de esta imputación tal y como lo solicitó la Procuraduría General", indicó ese medio.
En un video reciente, 'Timochenko' y los otros excomandantes de las FARC rechazaron ser responsables del crimen de lesa humanidad de esclavitud contra los secuestrados y advirtieron que interpondrían los recursos necesarios para no aceptar ese delito.
