Desde cuando llegó a la Fiscalía General de la Nación, el 13 de febrero de 2020, Francisco Barbosa ha despachado desde 84 lugares diferentes del país.
La descentralización, ha sido su bandera como estrategia de fortalecimiento de la presencia institucional de la Fiscalía en todo el territorio nacional, en medio de la crisis sanitaria que restringió la investigación y judicialización de la criminalidad.
Según el ente investigativo, se realizaron 710.172 audiencias virtuales en 2020, es decir, el 77,43% de las audiencias realizadas en 2019, entre las cuales se destacan 155.931 que correspondieron a órdenes de captura (21,96%), 226.587 a audiencias de juicio oral (31,91%), 83.934 a audiencias preliminares (11,82%), 54.105 a imputaciones (7,62%) y 39.802 a sentencias condenatorias (5,60%).
Esclarecimiento de feminicidios
La Fiscalía reportó avances significativos en los esclarecimientos de los delitos que más han conmovido al país durante este último año. Entre el 4 de febrero de 2020 y el 4 de febrero de 2021, se presentaron 192 casos de feminicidio. De ellos el 88,54% fueron esclarecidos, de acuerdo con estadísticas de ese organismo, y en el 94,79%, se han dado avances para su esclarecimiento:
Veinte de las 35 seccionales, lograron esclarecer ese delito en un 100%, en tanto que se presentaron 41 casos menos que en el periodo comprendido entre febrero del 2019 y el mismo mes del 2020, lo cual representó una disminución del 17,60%.
Dentro de los casos más relevantes que según la Fiscalía fueron resueltos, se encuentra el doble feminicidio ocurrido en el municipio de Colón Génova (Nariño), la captura del presunto responsable del feminicidio de su hija de 18 meses en Rionegro (Antioquia), la captura del hombre que atacó con hacha a su pareja, el asesinato de Ana María Castro ocurrida el 5 de marzo de 2020, el homicidio de una niña en Garzón Huila, el aseguramiento en centro carcelario del presunto responsable de doble feminicidio en Meta y el haber logrado la condena de 40 años de prisión para un hombre que asesinó a su compañera sentimental en Quindío.
Esclarecimiento de homicidios colectivos
En cuanto a los homicidios colectivos, de 4 o más víctimas, conocidos por la Fiscalía entre el 4 de febrero de 2020 y el 4 de febrero de 2021, la entidad asevera haber logrado una tasa de avance de esclarecimiento del 70,05%, dentro de los cuales incluye los hechos criminales ocurridos en Llano verde (Cali, Valle del Cauca), donde murieron 5 jóvenes, el 28 de agosto pasado; en El Caracol, zona rural de Arauca, donde también cayeron 5 personas el 1 de septiembre de 2020; el caso de las 4 personas asesinadas en Maicao, Guajira, el 17 de diciembre último y lo sucedido en La Guayacana, en Tumaco Nariño, donde el 29 del mismo mes, murieron 6 personas.
Homicidios de líderes sociales
Y en lo que tiene que ver con el esclarecimiento en la muerte de líderes sociales, este índice pasó del 52% al 63,5%, entre febrero de 2020 y febrero de 2021. De acuerdo con el balance de la Fiscalía durante el año corrido de la presente dirección, tres decisiones institucionales permitieron mostrar mejores resultados en ese delito de alta repercusión internacional: el fortalecimiento del equipo de trabajo de la Unidad Especial de Investigación; la consolidación de los proyectos investigativos priorizados a partir de las afectaciones sectorizadas y la designación de fiscales regionales para asumir las investigaciones en los territorios donde se concentraron los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.
En lo que tiene que ver con tales casos, la Fiscalía señala como los casos más relevantes que han sido resueltos, los siguientes: el crimen de la ambientalista en Chocó, Juana Perea, ocurrida el 8 de noviembre de 2020; la captura de alias Álvaro Boyaco por afectaciones contra reincorporados y defensores de derechos humanos en el oriente del país; los resultados obtenidos frente a lo sucedido con los crímenes de cinco líderes de la Colombia Humana; la caída de alias Caín, máximo cabecilla de ‘Los Caparros’ por crímenes contra defensores de derechos humanos; el esclarecimiento del crimen del defensor de derechos humanos Jorge Luis Solano Vega y la desarticulación de la estructura delincuencial que estaría involucrada en el crimen de un defensor de derechos humanos en Boyacá.
Acciones contra el crimen organizado
La Fiscalía destaca, como uno de los logros en el último año, el desarrollo de una estrategia de análisis que permite caracterizar las organizaciones criminales a partir de las economías ilegales y de las graves afectaciones a la población civil a través de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, lo cual permitió la captura y judicialización de 646 integrantes del ELN, Pelusos, Disidentes de las FARC, Clan del Golfo y Caparros, de los cuales, 120 han sido identificados como impactos estratégicos.
Dentro de los principales golpes asestado a narcotraficantes y delincuentes que se mueven en economías ilícitas, la Fiscalía destaca, por ejemplo, que en 136 operativos fueron afectados 9.409 bienes avalados en más de 12 billones de pesos; en otras 15 operaciones estructurales, se materializaron medidas cautelares contra 5.765 bienes avaluados en más de 6 billones de pesos; al ‘Clan del Golfo’ le fueron ocupados 518 bienes por más de 4 billones de pesos; se impusieron medidas a 1.506 bienes de La Oficina, por un valor cercano al billón y medio de pesos; en operativos contra las redes dedicadas a delitos de delincuencia común organizada hubo 92 operaciones con fines de extinción de dominio, gracias a lo cual fueron afectados 1.391 bienes avalados en más de 457.000 millones de pesos.
En ese recuento de logros, los investigadores afirman haber afectado 46 bienes por 53 mil millones de pesos a las estructuras vinculadas a la minería ilegal, deforestación y otros delitos contra los recursos naturales; capturas por delitos contra la administración pública y ocupación de 66 bienes avaluados en más 40 mil millones de pesos; desarticulación de una red señalada de lavar dinero para el ‘Clan Del Golfo’ y ocupación de bienes por más de 4 billones de pesos.
Otros hechos que han marcado la acción del organismo son la culminación exitosa de investigaciones como la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos, que operaban a través de empresas fachadas como General Santander, Señor del Desierto, Ralfer, Carrascal, Bulldozer, Doubledown, Combos Terraza y Candado y el desmantelamiento de la organización Buena Promesa SAS dedica al contrabando.
Acciones contra el narcotráfico
Durante el 2020, la Fiscalía destaca la captura de 47 personas requeridas en extradición, la aprehensión de 487 personas vinculadas a ese delito y de otras 67 personas pedidas en extradición, la destrucción de 128 laboratorios, 2 pistas clandestinas inhabilitadas, 52 embarcaciones incautadas, lo mismo que 60 vehículos y 7 semi sumergibles, 6.300 kg de base de cocaína, 104.195 kg de clorhidrato, 26.741 kg de marihuana y más de nueve mil millones de pesos en efectivo, además de la incautación de cerca de tres toneladas de cocaína en dos gigantescos complejos narcotraficantes del ELN, en zona selvática de Pizanda, en jurisdicción de Cumbitara (Nariño), en inmediaciones del río Patía, el 30 de enero 2021.
Esclarecimientos casos de corrupción
La Fiscalía, en este recuento de acciones emprendidas por el fiscal Barbosa, dice haber creado un Grupo Especial para investigar y judicializar casos relacionados con el manejo de recursos públicos con ocasión de la pandemia Covid – 19.
Para tal fin se articuló una estrategia que vinculó a la Dirección Especializada contra la Corrupción y las distintas Seccionales en el país. Como fruto de tal decisión, se verificaron 6 mil contratos por valor de más de 667 mil millones de pesos, se imputaron a los gobernadores de San Andrés, Chocó y Putumayo fueron acusados dos gobernadores por parte de la Delegada Ante la Corte. Además, fueron vinculados formalmente 25 alcaldes, 4 concejales, 48 funcionarios, 26 contratistas y 14 particulares. A 11 personas las capturaron.
En cuanto a los resultados del grupo de trabajo experto en temas de contratación pública de la Delegada ante la Corte, durante el año comprendido entre febrero del 2020 y la primera semana de este mes, se imputaron cargos a 18 ex gobernadores y a 8 ex magistrados de altas cortes y tribunales, en tanto que se obtuvieron 3 sentencias condenatorias y se resolvieron 3 situaciones jurídicas, en el procedimiento de Ley 600.
Así mismo, entre el 14 de febrero de 2020 y el 4 de febrero de 2021 se obtuvieron 4.701 imputaciones por corrupción general y 1.171 medias de aseguramiento solicitadas en las 35 seccionales de la FGN, cuyos casos más relevantes fueron los de ASMET SALUD, con audiencia de imputación en contra del señor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas en su calidad de gerente general y representante legal de la EPS del régimen subsidiado, por presunta aprobación de 21 mil millones de pesos en favor de terceros provenientes del Sistema Nacional de Salud. El investigado fue cobijado con medida de aseguramiento en lugar de residencia.
En el caso Odebrecht, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó condena en contra de José Elías Melo Acosta, entonces presidente de Corficolombiana Grupo Aval, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos (interviniente) y cohecho por dar u ofrecer, por el pago de 6.5 millones de dólares pagados al ex viceministro de Transporte y Gerente General del INCO (e) Gabriel Ignacio García Morales a cambio de adjudicar el proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol Fase II a la concesionaria Ruta del Sol, liderada por Odebrecht. La decisión del Tribunal disminuyó la pena de 141 meses de prisión.
Hubo sentencia condenatoria del Juzgado 03 Penal del Circuito de Conocimiento de Montería contra Adalberto Carrascal Barón del llamado “Cartel de la hemofilia”, e igualmente se registró sentencia condenatoria contra el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, en el proceso conocido como “El Cartel de la Toga”, donde el inculpado suscribió un preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir y una condena a 66 meses de prisión.
Acceso a la justicia en tiempos de Covid-19
Frente al tema, la Fiscalía General de la Nación insiste en que los ciudadanos tienen acceso a la justicia por medios digitales, para lo cual creó mecanismos que le permiten a los ciudadanos denunciar de forma remota a través de correo electrónico y recepción telefónica, en tanto que continúa con la prestación presencial del servicio en las Unidades de Reacción Inmediata (URl), el cual cumple con los requisitos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.
