Por orden de una juez, la Fiscalía General de la Nación tendrá que indemnizar y ofrecer excusas públicas a la actriz Carolina Sabino por haber hecho pública una imputación de cargos en su contra tras conocerse que interrumpió voluntariamente su embarazo en 2015.
Según informó la Agencia de Periodismo Investigativo API, la juez que está al frente del caso determinó que Sabino fue sometida al escarnio público cuando la Fiscalía que precedía Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo reveló que le imputarían cargos por haberse practicado un aborto.
Cabe recordar que la información del aborto fue conocida por el ente acusador tras una interceptación telefónica a la actriz Lina Luna, hermana de Sabino, por la investigación al hacker Andrés Sepúlveda. Luego, en un grupo de prensa de la Fiscalía se anunció que se iba a realizar la respectiva imputación de cargos por el delito, anuncio que fue desmesurado y afectó los derechos de Sabino.
La información revelada por la Fiscalía tuvo un gran impacto mediático, sin siquiera establecer si la actriz estaba protegida por los cuatro casos en que determinó la Corte Constitucional en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
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De hecho, el entonces procurador Alejandro Ordoñez conocido por sus posiciones conservadoras defendió a Sabino y acusó a la Fiscalía por desconocer el debido proceso.
El medio de comunicación tambien señaló que el abogado de la actriz, Gustavo Quintero Navas, logró demostrar que la Fiscalía por la violación de la reserva legal que hizo de la indagación en contra de Sabino y cuyas pruebas no se habían valorado, vulneró su buen nombre, la honra y la intimidad.
Según la funcionaria judicial al tratarse de una investigación por el delito de aborto, reposaba información sensible perteneciente al núcleo del derecho a la intimidad de Sabino, toda vez que la decisión de una mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo en las condiciones de la sentencia C-355 de 2006 pertenece a la esfera íntima”, señaló.
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Finalmente, la juez declaró responsable a la entidad por los perjuicios causados así como por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia penal. Así que la Fiscalía deberá indemnizar a la actriz con la suma de $350 millones a título de daño moral a ella y a sus familiares.
También ordenó a la entidad la realización de un acto público de desagravio frente al manejo indebido de la información del proceso penal adelantado en contra de la actriz, con previa convocatoria de los medios de comunicación.
