La Fiscalía General de la Nación le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá aumentar la condena de Francisco Ricaurte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia que fue sentenciado a 19 años de prisión por el cartel de la toga.
Claudia Patricia Vanegas, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, hizo esta solicitud al considerar que la pena impuesta no se ajusta con los delitos supuestamente cometidos, que son: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.
"La pena individualmente considerada para el delito de tráfico de influencias fue de 75 meses, es decir casi igual a la del delito de cohecho (80 meses) y podríamos decir que ante los 100 meses que se adicionó por el concurso de cohechos, por cada delito se sumaron a la pena 33.33 meses, lo que permite inferir que los diez meses adicionales del delito de tráfico de influencias no están en la misma proporción que los delitos concursales de cohecho", indicó.
Y solicitó: "Que se modifique la pena impuesta al sentenciado adicionando en la proporción señalada el delito de tráfico de influencias, lo cual, aunque no es la pena que pretendió la Fiscalía en su solicitud (23 años) en este caso particular sería más acorde a los argumentos y valoración desarrollados por el señor juez en el acápite de dosificación punitiva".
El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si acoge los argumentos de la Fiscalía o, por el contrario, absuelve al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien ha alegado por su inocencia.
Condena contra Francisco Ricaurte
El juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá dio a conocer el pasado jueves 25 de marzo los años de la condena que le impuso al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción del cartel de la toga.
El pasado martes 9 de marzo, Ricaurte, quien fue presidente de la alta corte, fue declarado culpable de participar en el entramado corrupto que exigió millonarias sumas de dinero a cambio de torcer fallos judiciales e interceder en el curso de investigaciones que se adelantaban en contra de varios aforados constitucionales.
El funcionario judicial indicó que la condena contra Francisco Ricaurte por estos hechos será de 19 años y dos meses de prisión. Además, le impuso el pago de una multa de 485 salarios mínimos y una inhabilidad para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.
El juez del caso le dio credibilidad al testimonio entregado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien ha "prendido el ventilador" tras haber sido condenado por el cartel de la toga.
Según dijo, conoció a Francisco Ricaurte a través del exmagistrado José Leonidas Bustos, también procesado por este escándalo de corrupción dentro de la Rama Judicial, y mencionó que entre los tres hicieron parte de la organización ilegal.
A Luis Gustavo Moreno se le señaló de ser el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactó para la actividad ilegal.
Según sustentó la Fiscalía, en cada caso, la suma de dinero era distribuida entre el exmagistrado Francisco Ricaurte y otras personas, "quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron".
Dos de los eventos que motivaron la condena contra Francisco Ricaurte por el cartel de la toga están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández.
En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado 1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. La Fiscalía señaló que, en este episodio, Francisco Ricaurte recibió 400 millones de pesos.
En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le habrían correspondido 250 y 290 millones de pesos.
Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente demorar un proceso por corrupción en su contra dentro del alto tribunal.
