La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de remitirle el proceso penal que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
El ente investigador señaló que acatará la decisión de la Sala de Instrucción del alto tribunal de justicia y aseguró que, una vez reciba todo el expediente, desarrollará el proceso con total "rigor y autonomía".
"El fiscal, a quien corresponda el caso, asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor, en estricto respeto por las garantías constitucionales que le asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados", aseguró la entidad en un comunicado.
La Fiscalía General también explicó que el procedimiento para el traslado del proceso de Álvaro Uribe fue acordado en reunión cumplida por el fiscal general Francisco Barbosa y los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Indicó que el trámite se realizará en los próximos días.
Además, la entidad instó a la sociedad y a los diferentes actores público a "respetar el rol autónomo e independiente que cumple" y a cada uno de los funcionarios como parte de la Rama Judicial.
Defensa de Álvaro Uribe pidió su libertad inmediata
Mediante decisión unánime, y atendiendo a la renuncia del exmandatario al Congreso el pasado 18 de agosto, la Sala de Instrucción consideró que se debía remitir el proceso a la Fiscalía por tratarse de delitos comunes y por no encontrarse vínculo de los hechos con la actividad funcional de legislador.
A partir de esto, el abogado Jaime Granados, quien lidera la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió su libertad inmediata basándose en la Ley 600 del 2000 que dicta: "Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad".
Lo primero que debemos advertir es que al ser dispuesta, por competencia, la remisión de la actuación a su despacho (Fiscalía), lo primero que debe hacerse es ordenar darle trámite a la misma al tenor de lo dispuesto en la ley 906 de 2004, pues, no existe ningún soporte normativo que permita continuar la actuación bajo la égida de la ley 600 de 2000", señaló.
