Todo parece indicar que la defensa de Álvaro Uribe Vélez ganó el pulso. Esta semana se conoció que, luego de días de ardua discusión, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dieron la razón y remitieron el proceso por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General de la Nación para que sea esta quien adelante el proceso penal en contra del expresidente, quien actualmente está en detención domiciliaria.
Uribe Vélez renunció al Senado el pasado martes 18 de agosto y, desde ese momento, sus abogados, en cabeza de Jaime Granados, emprendieron una batalla legal para lograr que el voluminoso expediente quedara en manos del ente investigador, dirigido actualmente por Francisco Barbosa. Los defensores alegaron que en el alto tribunal de justicia existieron “varias irregularidades” y que se violaron ocho garantías procesales, entre ellas, la presunción de inocencia.
KienyKe.com conoció el documento de 58 páginas en el que la defensa de Álvaro Uribe solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que la competencia de la investigación por presunta manipulación de testigos fuera remitida a la Fiscalía General de la Nación.
Dicha petición se fundamentó en el artículo 235 de la Constitución, el cual establece que son atribuciones de la Corte Suprema investigar y juzgar a los miembros del Congreso, especificando que, en uno de los parágrafos, se indica que cuando este tipo de funcionarios cesen en el ejercicio de su cargo, “el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.
En el documento, los abogados del máximo líder del partido Centro Democrático mencionaron que, con la renuncia de Uribe Vélez a la curul en el Senado, la Corte Suprema de Justicia perdía de manera inmediata la competencia para desarrollar la investigación que lo tiene en este momento privado de su libertad.
Argumentaron, en segundo lugar, que las conductas punibles por las que el expresidente Álvaro Uribe es investigado, soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, “no tienen relación alguna con las funciones desempeñadas como senador de la República” y que “no se trata de delitos propios sino de delitos comunes”.
“Es importante señalar que en los distintos actos procesales en que, tanto la Sala de Casación Penal como esta Sala, delimitaron los hechos que son objeto de investigación, nunca se precisó que las supuestas conductas punibles tuviesen alguna relación con la función desempeñada por el doctor Álvaro Uribe Vélez en su condición de Senador de la República”, dice en el documento.
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Según sustentaron, las conductas que son objeto de investigación no tienen vínculo con el desarrollo de las funciones ejercidas por Uribe Vélez en esa fecha, “pues los hechos no se enmarcan dentro del trámite de algún acto desarrollado por Álvaro Uribe Vélez para realizar control político al gobierno de la época”.
Además, precisaron que, por el momento, no se han compulsado copias para que se investigue la conducta de ningún miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exmandatario para la supuesta compra de testigos, en especial la del señor Fabián Rojas Puerta, “siendo claro que no se presenta, en este asunto, una desviación de poder, que pusiera en riesgo la propia función pública pues de lo contrario la propia Sala hubiese optado por ordenar la suspensión del cargo”.
