El país continúa en su lucha contra la corrupción y, además de los actuales alcaldes y gobernadores que han sido judicializados por la comisión de este tipo de delitos, antiguos funcionarios continúan en la mira de la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, Vladimir Leyton Saavedra, extesorero y contador del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué (IMDRI), fue imputado este jueves por un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía, Seccional Tolima.
A Leyton Saavedra se le acusa de apropiación ilegal de recursos del IMDRI por más de 33 millones de pesos, los cuales habría robado a las arcas del municipio en beneficio propio y aprovechando su condición como tesorero, desempeñada entre el segundo semestre del año 2013 y el primer semestre del 2014.
Según el ente investigador, la extracción de recursos se habría logrado a través de la elaboración de 7 declaraciones de retenciones en la fuente de diferentes períodos, las cuales presuntamente manipuló con el fin de apropiarse de un porcentaje en cada una de ellas, con un monto total de $33’482.000.
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Por este comportamiento, a Vladimir Leyton se le señala como supuesto responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo sucesivo y en concurso heterogéneo con el delito de falsedad ideológica en documento público agravado.
Además, el exfuncionario fue declarado en contumacia debido a que hizo caso omiso frente a los cuatro llamados del ente acusador para que compareciera a esta diligencia.
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Entre tanto, la población ibaguereña aplaudió el accionar de las autoridades, pues afirman que Ibagué ha sido víctima constante de la corrupción y este tipo de intervenciones podrían crear un precedente en la población.
Extesorero de Prado (Tolima) también enfrenta procesos por presunta corrupción
Hace un par de semanas, un juez de control de garantías de Prado, adelantó la audiencia de formulación e imputación de cargos contra el extesorero de la Alcaldía municipal Leonel Rolando Ospina Ortiz, como presunto responsable del delito de peculado por apropiación, el cual no fue aceptado por su parte.
Según las investigaciones, entre 2017 y 2018 Ospina habría hurtado cerca de 200 millones de pesos a través de transferencias a terceros, quienes posteriormente le entregaban las sumas en efectivo. El caso fue conocido por el entonces alcalde de Prado, quien no dudó en denunciarlo formalmente.
