La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró este martes 9 de noviembre que tiene competencia exclusiva y prevalente, por delante de la Fiscalía, sobre las investigaciones que se le siguen al excomandante del Ejército, general Mario Montoya, por su presunta participación en 104 casos de asesinatos extrajudiciales de civiles por parte de militares para hacerlos parecer como guerrilleros muertos en combates.
"Esta Sala (de Reconocimiento de la JEP) confirma que continúa ejerciendo competencia para investigar la participación que haya podido tener el señor Mario Montoya Uribe (...) y conserva la competencia preferente y exclusiva para, de ser procedente, formular los cargos que se consideren pertinentes", dijo el tribunal de paz en un fallo sobre el caso.
El anuncio de la JEP (justicia transicional de Colombia) significa que la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía, no podrá avanzar por ahora en la imputación de cargos que tenía previsto realizarle a Montoya por tales asesinatos, conocidos popularmente en el país como "falsos positivos".
Montoya, tras prometer aportar la verdad de los hechos, se acogió en 2018 a la JEP, mecanismo creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, militares y terceros que financiaron el conflicto armado interno.
En su fallo dado a conocer el martes, la JEP también le precisó a la Fiscalía que por orden de la Corte Constitucional sus expedientes por hechos relacionados con "falsos positivos" con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 son de competencia del tribunal de paz, por lo que la justicia ordinaria podrá continuar las investigaciones en torno a esos hechos, pero no imputar cargos.
"En consecuencia, las limitaciones a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación respecto de dicho expediente se encuentran vigentes y operan en los términos delimitados por la Corte Constitucional", indica el fallo.
De acuerdo con los elementos de prueba, Montoya, mientras se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, habría desconocido una directiva emitida por el entonces comandante general de las Fuerzas Militares en noviembre de 2007, en la que ordenó a todas las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las detenciones, sobre las muertes en combate.
Según la Fiscalía, también hay indicios de que en su cargo como comandante del Ejército, Montoya habría promovido maniobras para evitar que quedaran en evidencia sus instrucciones.
Por tales motivos la justicia ordinaria preveía imputarle los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Los "falsos positivos" fue una práctica recurrente durante años en algunos integrantes del Ejército, quienes asesinaros a civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate y obtener privilegios, como ascensos y compensatorios.
Según la JEP, 6.402 personas fallecieron en Colombia de esta forma entre 2002 y 2008, una cifra mucho mayor que la señalada por la Fiscalía, que sostiene que son 2.000 los "falsos positivos".
