El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, presentó un recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra el fallo de primera instancia que lo condenó a 7 años y 11 meses de cárcel por parapolítica.
El político antioqueño fue condenado como "autor responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales". Además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 95 meses y multado con cerca de ocho mil millones de pesos.
"Con la certeza de quien es inocente, radiqué un escrito donde pongo en evidencia las contradicciones e inconsistencias de los testigos que dieron lugar a la decisión de la Sala de Juzgamiento, y diferentes vulneraciones al debido proceso en mi contra", declaró Ramos en un corto comunicado que compartió en su cuenta de Twitter.
El exdirigente regional sostuvo que espera que en segunda instancia "prevalezca la justicia", la valoración integral de las pruebas y la verdad procesal.
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La revisión de la condena contra el exgobernador estará en manos de tres de los magistrados que conforman la Sala Penal de la Corte y cinco conjueces, puesto que los otros magistrados se declararon impedidos en el caso.
La investigación se abrió por una compulsa de copias basada en las declaraciones del exparamilitar Juan Carlos alias 'el tuso Sierra', quien señaló a varios políticos de tener vínculos con paramilitares.
El fallo que lo condenó se dictó después de 8 años de juicio, pues este se venía llevando a cabo desde agosto de 2013, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la detención preventiva de Ramos por presuntos vínculos con grupos armados ilegales entre 2001 y 2007.
Debido a estas investigaciones no pudo presentar su candidatura presidencial por el partido Centro Democrático. Sin embargo, fue dejado en libertad en noviembre de 2016, pues en ese entonces no se cumplían las condiciones para estar privado de libertad.
Es de señalar que, según estableció la Corte, "no son procedentes la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria", por lo que Ramos deberá pagar la pena en un centro de reclusión si la Corte no cambia de opinión.
