Los argumentos para eliminar el delito de aborto del Código Penal

Publicado por: juan.sacristan el Mié, 16/09/2020 - 11:35
Share
Estos son los argumentos del movimiento Causa Justa para que la Corte Constitucional elimine el delito de aborto del Código Penal.
Delito de Aborto en Colombia

En la mañana de este 16 de septiembre el Movimiento Causa Justa, que agrupa a 150 organizaciones y personas, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para solicitar la eliminación del aborto del Código Penal colombiano.

Le puede interesar: Siga en vivo la audiencia que define si Álvaro Uribe queda libre o no

La demanda, que fue elaborada desde marzo por las miembros de las organizaciones que agrupan Causa Justa, busca eliminar el delito de aborto por considerarlo “injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud”. 

Señalaron que “en vez de usar el derecho penal, podrían existir más y mejores políticas de salud que contribuyan a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, así como programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos”.

La demanda busca demostrarle a la Corte Constitucional, que aún cuando el establecimiento de las tres causales permitidas para abortar en Colombia es un avance, esa norma no se cumple por cuanto el delito de aborto en el Código Penal impide que las mujeres puedan acceder a sistemas de interrupción voluntaria del embarazo, de manera confiable y segura, aún cuando están dentro de las causales permitidas.

También señalan que las causales generan desigualdades entre las mujeres, debido a que unas, con barreras estructurales del sistema, pueden acceder al aborto, mientras otras se ven obligadas a acceder a establecimientos inseguros o clandestinos. Esa situación también genera afectaciones a la salud de las mujeres e incluso mortalidad.

“El estigma que genera el delito de aborto también a los prestadores de salud, que solo están cumpliendo con su deber de garantizar la IVE e impidiendo que las mujeres acudan a sitios clandestinos arriesgando su vida. Los principales efectos en el personal de salud que muestran los estudios reseñados en la demanda son la autocensura y el silencio, la marginalización de las sociedades de profesionales de la salud, el estrés psicológico y la fatiga emocional, la sobrecarga laboral debido a la poca capacitación y contratación de profesionales”, señalan los colectivos de la demanda.

La demanda también argumenta que con el delito de aborto “se está obligando a las mujeres a actuar conforme a consideraciones que no necesariamente coinciden con su propia conciencia”, por lo que un Estado laico, como lo asegura la Constitución, no debe imponer valores o principios morales particulares ligados a una religión o religiones. Cada mujer debe tener la posibilidad de decidir bajo sus propias concepciones.

Los colectivos piden que la Corte Constitucional abra de nuevo el debate sobre la despenalización del aborto, basado en las cifras que ha generado esa penalidad en el país, con cifras de países que han abierto el derecho al aborto y la posibilidad de implementar técnicas de la protección de la gestación que no sean restrictivas ni violatorias de la libertad individual.

La aceptación de esta demanda por parte de la Corte es un paso hacia la eliminación de las barreras a las que se han sometido quienes deciden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) aún estando dentro de las causales establecidas por la sentencia C-355 de 2006 (cuando existe un riesgo para salud física y/o mental, cuando el feto tiene una malformación grave incompatible con la vida o si el embarazo es producto de violación o incesto, como en este caso legales)”, señalaron las organizaciones.

Lea también: Nueva demanda contra el delito de aborto en Colombia agita las redes

Expertos estiman que anualmente se practican cerca de 400 mil abortos por año en el país, y menos del 9% se realiza de forma legal. Lo que significa que más del 90% de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se ven obligadas a recurrir a procedimiento por fuera del sistema sanitario, aún cuando sus casos están entre los establecidos por la ley.