Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez, los policías señalados de matar a Javier Ordóñez, apelaron el fallo disciplinario que los destituyó e inhabilitó por 20 años.
La Procuraduría General fue quien les impuso esta máxima sanción tras hallarlos responsables de dos faltas gravísimas por haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio de Ordóñez, ocurrido el pasado 9 de septiembre en Bogotá.
La delegada del Ministerio Público señaló que, sin consideración y con brutalidad, Javier Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos, mientras el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz "no solo observaba lo sucedido sino que se inclinaba para sujetarlo, todo ello en momentos en que se encontraba en el piso".
"Javier Ordóñez estaba esposado y completamente reducido. Nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban, situación que grabó con su celular el patrullero Lloreda Cubillos a las 00 horas y 38 minutos, es decir, muy poco antes de que empezara morirse a causa de la inmensa hemorragia producida por el estallido de un riñón y las arterias y venas de ambos”, precisó.
Para la Procuraduría, la conducta desplegada por los patrulleros constituye un acto contra el derecho fundamental a la vida de un ciudadano del territorio colombiano que estaba bajo su cuidado, quien debió haber recibido protección de los policiales.
"Contrario a ello, lo que se ha conocido fue que realizaron todas las acciones ilegales para causarle la muerte sin tener la más mínima consideración. Como se observa en los videos, le dieron un trato indigno de un ser humano y completamente fuera del contexto y la función institucional de la Policía Nacional”, mencionó.
El órgano de control estableció que el procedimiento policial en el que Javier Ordóñez recibió múltiples descargas eléctricas "no ocurrió en la forma como lo relataron los uniformados", pues los videos de las cámaras de seguridad del lugar demuestran que la intervención de los disciplinados no obedeció a un intento por disolver una riña, sino que por el contrario, hubo un enfrentamiento físico donde el patrullero Lloreda Cubillos utilizó el taser en repetidas oportunidades contra la humanidad del estudiante de derecho.
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"La intención de causar la muerte al ciudadano Ordóñez se infiere de la formación que reciben los policías y su experiencia, que les enseña dónde golpear según el propósito que se busque. Si simplemente se hubiera querido lesionar las patadas y puños no hubieran tenido la misma contundencia y hubieran sido dirigidas a las piernas o brazos (...) pero el hecho de golpear en la espalda y a la altura de la región lumbar, con tanta fuerza, de manera tan repetida a alguien que no podía moverse ni esquivar los golpes para aminorar el impacto, indudablemente demuestra que la intención era acabar con su vida", afirmó la delegada.
