“Ese 17 de enero de 2001 yo me encontraba en mi casa durmiendo. Iban a ser las 4 de la madrugada, las 3:46, recuerdo, cuando sentí que bajaban pisadas de botas. Comenzaron a tocar puertas, después se reunieron en una esquina de la plaza del pueblo, se distribuyeron y entraron a una casa vecina, de unos familiares míos. Escuché que había una discusión y los sacaron de sus casa hasta el parque. Comenzaron a sacar obligada a toda la gente del pueblo; yo iba para el parque, pero mi esposa me aguantó a que no saliera.
Y ahí fue cuando un primo que estaba discutiendo con paramilitares en la casa de ellos, alertó a las demás personas, nos dijo que huyéramos, que eran los paramilitares... comenzaron a golpear a los que sacaron de la vivienda. Y bueno, todos los que reunieron los llevaron a un callejón detrás de la plaza, que para verificarles las cédulas... vamos a ver que no era cierto. Los sentaban en una piedra y los golpeaban con un mazo de hierro, eso era lo que verificaban, la muerte para ellos”.
Esto es parte del relato de Rafael Oviedo, uno de los sobrevivientes de la masacre de Chengue, un corregimiento que queda a 40 minutos de la zona urbana del municipio colombiano de Ovejas, en el departamento de Sucre, norte de Colombia.
Hace 19 años, los habitantes de Chengue fueron víctimas de una cruel masacre que dejó 27 muertos. Este sangriento hecho fue cometido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo comandante fue Salvatore Mancuso, quien en estos días podría ser deportado a Italia por orden de un juzgado de los Estados Unidos.
Rafael recuerda con la Agencia Anadolu cómo fue aquella madrugada, cuando él y su familia lograron salvarse.
“Yo me fui con mi esposa y mis dos hijas, me escondí en la finca de mi papá, y demoré hasta las 10 (de la mañana) por allá (…) Algunos que vivían en las fincas en los alrededores, bajaron a mirar qué pasaba y a ayudar a apagar el fuego. Pero a muchos les tocó la mala suerte que también cayeron en esos hechos, los mataron también, y bueno, los que estamos vivos fuimos los que alcanzamos a huir de las casas” añade.
Con aflicción relata que, al regresar al pueblo, encontraron “las casas quemadas, los muertos… fue un hecho muy desastroso”. Oviedo perdió un hermano y varios primos; “la mayoría eran familiares, sobrinos, tíos. Por cualquier lado estaba el apellido. Golpearon duro a las dos familias”.
Este, como muchos otros crímenes de los paramilitares, permanecen en la impunidad, afirma. Uno de los comandantes de la masacre de Chengue, Juancho Dique (Uber Enrique Banquez Martínez), estuvo preso ocho años. Se desmovilizó en 2005 tras confesar 565 crímenes, incluidos varias masacres.
En 2015 obtuvo la libertad condicional después de ocho años detenido y de someterse a compromisos con la justicia colombiana, por lo que dejó la Cárcel Modelo de Barranquilla.
“Salió y se acabó la investigación, porque dijo la verdad, pero quien sabe si es verdad eso que dijo. Él fue el único que ha estado preso, yo creo que más nadie. Y creo que salió hecho un profesional de la cárcel, pero las víctimas que tenemos el derecho a la educación y todo eso no hemos podido educar a nuestros hijos en una universidad ni nada”, lamenta.
Oviedo fue uno de los firmantes de una carta pública en la que 116 víctimas directas de Mancuso y otras organizadas bajo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le piden a la Fiscalía y la Cancillería colombiana que eviten a toda costa la deportación a Italia del exparamilitar, pues ello “consolidaría un escenario de impunidad para las víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo en Colombia, incluida la de Chengue”.
Al respecto, asevera, que “hay muchas víctimas que están dolidas y que en la actualidad no han recibido ningún beneficio”.
“Esta persona tiene cuentas pendientes con la justicia acá en Colombia, que venga a pagar por los hechos… él tiene que presentarse a la JEP a decir toda la verdad”, dice Oviedo.
El papel del Gobierno de Iván Duque
Rafael Oviedo, como otras víctimas, pone en duda las acciones del Gobierno colombiano para traer de vuelta al exjefe paramilitar, aún en Estados Unidos. “No sé qué le pasará (al Gobierno), qué ocultará, que lo quieren deportar para Italia... Si hace eso de deportarlo, está cometiendo una injusticia con las víctimas de Colombia”, asegura.
Le hace un llamado al presidente Iván Duque que haga lo posible para que Mancuso sea extraditado al país suramericano: “¿Quién le responde a las víctimas? Que (venga y) diga quiénes están involucrados en esa masacre. Quiénes apoyaban a los paramilitares; aunque uno sabe quienes son los que verdaderamente lo hacían, la Fuerza Armada estaba implicada principalmente”.
Rafael Oviedo asegura que si tuviera enfrente al victimario le pediría que “respondiera por qué les hacía tanto daño a las comunidades, a campesinos que no tenían que ver con el conflicto armado” y que simplemente vivían en zonas que tenían presencia de grupos armados, lo que no implicaba que estuviesen participando o que tuvieran algo que ver con esos grupos.
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Igualmente, manifiesta que aún no han perdonado a sus victimarios “porque no se ha llegado el momento”, pero aclara que “sí hay que perdonarlos, porque todos somos humanos y uno tiene que reconocer errores que se cometen”.
“Yo creo que (si) ellos dan la cara pues uno entiende de qué, ajá, tuvieron sus equivocaciones, o que el pensar de ellos de hacer daño a tantas personas por haber algún signo pesos que les mostraban, pues ellos accedían”, afirma.
Actualmente en Chengue viven unas 40 familias, incluida la de Rafael, que aún esperan justicia, verdad y reparación por parte del Estado.
Oviedo dice que hasta el momento la situación de seguridad en la zona está en calma, y aunque se especulaba que había un grupo delictivo cerca, “a ciencia cierta no se ha sabido si es verdad o mentira porque nadie los ha visto”.
Finalmente, resalta el proceso de paz con las desmovilizadas FARC y la terminación del conflicto con esa guerrilla: “en los Montes de María ya se está en normalidad, no hay muertos como antes, por ningún lado, al interior se escucha que están empezando otra vez a hostigar a la fuerza armada, pero sí se ha librado de muchas muertes de personas”.
Por ello, les hizo un llamado a los grupos al margen de la ley y al Gobierno a buscar el diálogo, pues “ya no es posible tanta violencia en el país, ya no podemos poner más muertos en nuestro país”; y a darle mayor atención a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Penas sin cumplir
Eduardo Carreño, abogado del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar), recuerda que en contra de Salvatore Mancuso hay penas de 40 y 60 años y una pena alternativa acumulada de ocho años por crímenes relacionados con el conflicto armado, como las masacres de Mapiripán o la Gabarra, aceptadas por el exparamilitar.
El excomandante alcanzó a estar cerca de dos años detenido en cárceles colombianas a partir de la desmovilización en 2005. Pero en mayo de 2008, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue extraditado a Estados Unidos donde pagó 12 años por narcotráfico y delitos conexos. Es decir, las penas en Colombia no las ha cumplido, confiesa el abogado.
Carreño también habla de valoraciones que hace la administración de justicia estadounidense en el sentido de “mandarlo a Italia porque en Colombia, lo que han dicho sus abogados, hay motivos de preocupación por su seguridad, esté en libertad o esté en detención”.
Carreño critica lo que llama “errores y las omisiones, o la tardanza, del Estado colombiano en tramitar la extradición” de Mancuso a Colombia. “Es inexplicable”, concluye.
Nota escrita por la Agencia Anadolu.
