Artículo originalmente publicado en elcentauro.co
Esta semana Daniel Coronell publicó un artículo en el que cuestionaba la compra de un apartamento por parte de Andrés Felipe Arias y su esposa. Aunque con algunas palabras y frases pretende hacer una denuncia en contra del ex ministro, a la hora de la verdad, su columna no logra demostrar nada. ¿Hasta que punto es justificable este tipo de escritos? ¿Son hechos reales o simples suposiciones?
En el artículo denominado Finca Raíz Coronell siembra un manto de duda sobre Arias y su esposa por la compra de un apartamento que cuesta, según él, 700 millones de pesos. Dice que después de sus aspiraciones presidenciales, en vez de quedar endeudado, compró el apartamento. Raro, se pregunta (o por lo menos plantea la duda), ¿Con que dinero Arias compró ese inmueble? ¿Porqué, si el ex ministro está en la cárcel, en enero se pagaron 150 millones de pesos?
Menciona el columnista que "pese a estas difíciles circunstancias para cualquier familia, 2011 no parece haber sido un mal año financiero para los Arias". Por el pago, el contralor delegado, Juan Manuel Vargas Ayala, ofició a su superior y le informó que "podría tratarse de enriquecimiento ilícito".
En ninguna parte de su artículo, como es su costumbre, Daniel Coronell da la versión de Arias o su esposa. Decidió atacar, soltar unos hechos, dar una cifras, mencionar funcionarios y documentos oficiales para dar cierto "toque" de credibilidad, y después esperar que los afectados por su columna se defendieran como pudieran.
Hacer denuncias no es malo, de ningún modo se puede pensar algo así, de hecho, es obligación de los periodistas hacerlo. El problema radica en la forma en que se haga, y, mas importante aún, en los pruebas en las que se basa. En el caso de la columna de Coronell, creo que el artículo es injusto.
Cualquiera no puede comprar un apartamento de 700 millones de pesos, es un hecho que el columnista sabe y que utiliza a su favor (son 700 millones!!). Pero comprar un inmueble por ese valor, de por sí, ni es delito, ni es imposible; mucho menos para alguien que fue ministro.
Catalina Serrano, esposa de Andrés Felipe Arias, aseguró en una carta enviada a la revista Semana que su apartamento familiar fue comprado con el dinero de sus ahorros y el producto de la venta del primer apartamento que tuvieron cuando se casaron:
"no me es difícil explicar que los recursos con los que se pagó la cuota inicial del apartamento que aún está hipotecado al Banco Davivienda corresponden mayoritariamente a los ingresos devengados por mi gestión laboral y a la venta de nuestro primer apartamento de familia."
"En cuanto al abono que realicé al crédito hipotecario a principios de año, después de estar durante 7 meses intentando arrendarlo para liberar costos mensuales que me estaban agobiando y no poderlo hacer, dado que me rechazaron en dos oportunidades por ser la esposa de Andres Felipe Arias, decidí, para efectos de bajar la cuota mensual, hacer uso del único ahorro que tenía destinado a usar el día que me pensionara: mis pensiones voluntarias. "
¿Imposible de creer? Incluso Daniel Coronell tiene que reconocer que una pareja joven (él ex funcionario de gobierno -sueldo mensual de 11'250.000-, ella trabajadora en el sector privado - que paga mejor que el público-) son capaces financiaramente de comprar un apartamento de 300 millones, venderlo para pagar de contado casi la mitad de uno de 700 que está hipotecado.
¿O se sospecharía de otra pareja de recién casados (cada uno ganando un millón de pesos) que vende su primer casa de 30 millones, para comprar una nueva de 70? En este caso las proporciones se pueden aplicar.
El artículo de Coronell fue temerario, sólo mostró un lado de la moneda y ni siquiera se preocupó por escuchar la versión de Andrés Felipe Arias o su esposa. En cambio, si afectó de manera grave su honra (por lo menos la de Catalina Serrano) con sospechas y acusaciones infundadas. La idea no es defender al ex ministro, es cuestión de objetividad. A los ojos de cualquier lector desprevenido Finca Raíz es el equivalente a una sentencia condenatoria. Los periodistas no son jueces.
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