Élites y medios

La élites políticas que se proclama democráticas está en la obligación de garantizar la libertad de expresión y comunicación de la sociedad civil. Gracias a su protagónico papel dentro del sistema político, son ellos quienes deben de favorecer y respaldar los medios legales y políticos que permiten llevar a la práctica el ejercicio de tales derechos, sin embargo, ese deber ser de las cosas, no puede ser eliminado por aquella clase política que evita el efectivo acceso de todos los ciudadanos a comunicarse, a recibir y dar información. La misión de la clase política consiste precisamente en eliminar esas prácticas antidemocráticas que hacen del derecho informativo y comunicacional un privilegio de pocos. El problema está en que las élites políticas y los propietarios de los principales medios de comunicación de masas, suelen hablar de la libertad de opinión y de prensa como derechos fundamentales e indispensables para la democracia, sin embargo, ellos de antemano saben que esa democracia no es posible si ese derecho tan solo lo pueden ejercer aquellos “pocos” que tienen el poder adquisitivo que no poseen las “mayorías”. Es imposible fortalecer la democracia y hablar de libertades cuando se imponen requisitos legales y monetarios, cuando se sabe que para sostener un medio de comunicación se necesita de un gran capital y apoyo de los anunciantes. Un cambio radical debe ser asumido no solamente por los Estados democráticos, sino por las élites políticas. El desafío consiste en la eliminación de aquellas condiciones legales y económicas que sólo favorecen a unos pocos grupos y que impiden el acceso de los ciudadanos a las libertades de la comunicación y la expresión. Se trata de revisar la ley de medios de cada país, y permitir que la sociedad participe en la revisión de dicha normatividad, se trata de comprender que la revisión de leyes sobre acceso a los medios no debe ser tarea exclusiva de las élites políticas y los legisladores, se trata de abrir campos de participación a los ciudadanos para que desde allí, desde la misma sociedad se logre garantizar el derecho a la expresión, a la comunicación y a la información. El punto crucial está en que la élite política debe y está en la obligación de entender que a la sociedad civil no le basta con informarse y mucho menos le es suficiente tener una constitución o carta magna que hable de libertades de prensa y de expresión. Se debe tener muy claro que para fortalecer la democracia informativa hay que posibilitar el acceso de la sociedad civil a la propiedad de los medios, de no comprenderlo, la élite política no cambiara su accionar de “predicar pero no aplicar”, de hablar de democracia pero sin ser democráticos. Hoy en día, el reto al cual se debe enfrentar nuestra élite política, es un reto difícil, que exige dejar de lado las lógicas económicas y políticas, impuestas por las actuales legislaciones a la hora de revisar normas y leyes en comunicaciones, es una misión en la cual se deben eliminar los fines comerciales y partidarios, cuyas lógicas lucrativas y clientelistas imponen trampas a la democracia. Es un reto difícil, sin embargo, no deber ser misión exclusiva de la clase política, se necesita hacer un pacto en el cuál no solo se involucre la sociedad civil, sino también al Estado y a los propietarios de los medios. Esta columna también se encuentra en politicadirecta.net / @politicadirect