Hasta esta semana los colombianos entendíamos que la Iglesia Católica respetaba los poderes públicos, la división de poderes, el Estado social de derecho y toda aquella estructura que permite mantener la independencia entre el Estado y la iglesia, separación que duró muchos siglos en darse y que estaba superada para la historia del mundo y de Colombia.
Es inaudito pensar que la iglesia católica se preste para esconder a un narcotraficante, es la primera vez que se ve como la Iglesia rompe su independencia del Estado violando competencias claras de la rama judicial y el gobierno nacional.
¿Qué tiene Santrich que no tengan los demás delincuentes y presos en Colombia para gozar de privilegios y excepciones en la aplicación de la justicia y la ley?
Si las reglas del proceso de paz con La Habana indican que quien delinque después de suscrito el proceso de paz debe someterse a la justicia ordinaria, si se comprobó que el señor Santrich incurrió en el delito de narcotráfico posterior a la firma del acuerdo, es claro entonces que se debe someter a la ley ordinaria y por tanto es sujeto de extradición y de una cárcel ordinaria como el resto de los narcotraficantes. En ningún caso, el proceso de paz previó tratos diferentes o excepcionales ante estos hechos.
La Iglesia Católica se equivoca al respaldar a Santrich en la manipulación y burla a la justicia colombiana, primero inicia una huelga de hambre para exigir después trato humanitario y luego se hace trasladar a esta sede católica para buscar trato preferencial.
Según la normatividad actual no hay ninguna ley que respalde este tipo de comportamientos, es simplemente absurdo que la Iglesia se preste para impulsar aún más impunidad.
Cual es la respuesta de la iglesia Católica a las víctimas del señor Santrich, no solamente no va a pagar cárcel por los delitos cometidos previos al acuerdo de paz sino los posteriores tampoco, el señor Santrich es el único que tiene corona en Colombia, eso de “todos somos iguales ante la ley de Dios” no es tan cierto.
Algunos pensamos si la Iglesia es coherente con sus principios generales, sería bueno que a partir de ahora comenzarán a recibir en sus sedes católicas e Iglesia a todos los delincuentes y así aportarían al deshacinamiento carcelario, ya en Medellín la semana pasada se argumentó que no hay espacio en las cárceles y no se pueden legalizar ni hacer capturas.
La Iglesia desde su aporte a la reconciliación debería pensar seriamente en hacer esto, de tal suerte que si se vería un trato igualitario para todos los colombianos y no solo para este narcotraficante de las FARC.
Por otro lado, llama la atención porque varios sacerdotes de las iglesias colombianas se expresaron el fin de semana a través de la homilía diciendo que no estaban de acuerdo con el traslado de Santrich, incluso que el señor debería estar en la Picota, así las cosas, nos preguntamos ¿será que fue una decisión política? ¿acordada con el Gobierno nacional? ¿Por qué no están de acuerdo las bases católicas?¿no es una nueva estrategia del gobierno Santos para esconder a sus amigos de las FARC y así evitar se les aplique la ley ordinaria?
Es muy decepcionante para los fieles católicos y cristianos que la Iglesia pierda su línea de neutralidad, su observancia hacia la reconciliación y tome partido en un asunto tan delicado como una extradición, ¿Por qué no han trasladado al Episcopado en anteriores ocasiones a otros colombianos que han sido o serán entregados en extradición?, ¿Qué tiene Santrich para apelar a tan importantes privilegios?
En conclusión, este proceso de paz cada vez más desinstitucionaliza al Estado colombiano, todos los pasos a seguir están sin bases sólidas, todo es improvisado y acomodado a los intereses de unos pocos, qué credibilidad puede tener un proceso que se adapta dependiendo del personaje, que aunque tenga unas reglas éstas se acomodan en el camino.
No es un proceso serio, y los procesos de paz deben cumplir la ley a cabalidad para que se logre una transición real, de lo contrario no sólo no se aplica lo pactado sino que se violan constantemente las leyes nacionales básicas y el consenso social esencial.
