La seguridad es una de las funciones principales que un gobierno debe garantizar. Dentro de los mínimos básicos para gobernar está la obligación de los Estados para con los ciudadanos. Cuando se debilita la seguridad, se afecta la percepción de vida, cuando las personas no se sienten seguras, disminuye la credibilidad en las instituciones, en los gobernantes y en el control social generando caos.
Los últimos meses, Colombia ha sido objeto de noticias permanentes de inseguridad, cada ciudad está manifestando su inconformidad por la gran cantidad de delitos que están afectando la sociedad colombiana, el día a día en el que los delincuentes están realizando diferentes acciones delictivas sin control alguno.
La inseguridad afecta diferentes estamentos nacionales, la inversión extranjera se debilita porque no hay confianza en la seguridad nacional, el turismo disminuye dado que ya no hay control de las ciudades generando escenarios de violencia y conflicto.
Un ejemplo de este fatal escenario es Bogotá, y por eso debe analizarse de manera integral, no basta con referirse a los hurtos de celulares o al de carros o en los transmilenios, es necesario ver el contexto que está generando esta ola de violencia que crece día a día.
Las cifras indican lo siguiente, han aumentado el 39% de los hurtos en Bogotá en el año 2017 respecto del 2016, se han registrado 62.000 hurtos a personas. Las localidades más afectadas son Suba con 7.204, Kennedy con 6.437, Chapinero con 5.764, Engativá con 5.646 y Usaquén con 5.314.
Uno de los detonantes principales es la reincidencia dado que de 212.182 capturados en 2017 20.791 recuperaron la libertad por orden judicial volviendo a delinquir, lo que hizo que Bogotá tuviera 8.259 casos de reincidentes.
Hay personas que han delinquido entre 10 y 40 veces, este fenómeno lo único que hace es que el crimen sea permanente, no hay respeto a la norma, ni a las autoridades y reclama a gritos una ley que frene la reincidencia.
Por otro lado, está el uso y abuso de delincuentes juveniles con el argumento de que no son juzgados por su edad o tienen penas mínimas, con ellos se han fortalecido las bandas criminales a través del tráfico de estupefacientes, homicidios y hurtos. Situación que reclama el fortalecimiento de las normas en materia de juzgamiento de menores.
Dentro de las soluciones planteadas los últimos días está la de aumentar el pie de fuerza, lo que aporta es controlar, pero no evita ni elimina la delincuencia, las medidas deben ir más allá de aumentar los policías, si además realizan su función capturando y los jueces liberándolos, es un círculo vicioso que debe cortarse de raíz.
Otra de las soluciones ha sido la del parrillero en moto, pasa lo mismo, no se soluciona la problemática de fondo y si genera un caos social que confunde a la ciudadanía.
Una solución más, fue frenar por parte del legislativo la salida masiva de delincuentes que salen peor de lo que entraron después de vivir en hacinamiento carcelario sin resocialización ni reincorporación, tampoco se logró por la época electoral y la suspensión de sesiones del congreso entre diciembre y marzo.
Así las cosas, la seguridad requiere de una estrategia completa, no basta con medidas transitorias que responden a coyunturas que bajan la percepción de inseguridad y camuflan la realidad. Es necesaria una solución desde la política criminal del país que revise la efectividad de las penas, un compromiso real de jueces y fiscales en evitar que los delincuentes salgan, una norma que impulse el legislativo para frenar la reincidencia y el fortalecimiento de penas para menores, acciones contundentes contra las bandas criminales que controlan el microtráfico y la delincuencia a gran escala.
Aunado a lo anterior, la estrategia de aumento del pie de fuerza es esencial, el uso de cámaras de seguridad en toda la ciudad y lo obtenido de ellas sea prueba irrefutable en un proceso judicial, la rapidez en la captación de denuncias para que el ciudadano se motive a denunciar.
En general, una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, no basta con que los alcaldes se esfuercen por imponer soluciones cuando la nación va por otra vía, debe fortalecerse una política nacional integral que recupere la seguridad de las ciudades y del país. Por lo que se aprecia en este gobierno no será, por ende, las elecciones presidenciales de este año serán claves para recuperar la seguridad nacional y ciudadana.
