La captura del Estado: el caso Odebrecht

Lun, 11/09/2017 - 04:12
Capturar al Gobierno, a los poderes públicos, hacer suyas las arcas del Estado, secuestrar la contratación pública para succionar miles de millones de pesos, salir impune y encima ser reconocida co
Capturar al Gobierno, a los poderes públicos, hacer suyas las arcas del Estado, secuestrar la contratación pública para succionar miles de millones de pesos, salir impune y encima ser reconocida como una gran empresa que aporta al desarrollo del país, ese era el modus operandi de Odebrecht, fachada de una oscura empresa criminal, cuya experticia, más que en ingeniería civil, consistía en estructurar redes sofisticadas de soborno trasnacional. Y qué mejor manera de someter al Poder Ejecutivo que financiar las campañas de los candidatos de los partidos tradicionales enquistados en el poder: Santos-Vargas Lleras, Zuluaga-Holmes, caballos distintos pero de unos mismos dueños y candidatos prepago que, de llegar al poder les devolverían con creces a los cariocas los ríos de plata volcados en Colombia y, de no hacerlo, serían importantes lobistas de alto perfil. Ganan con cara y con sello. Pero los sobornos no terminaban allí. Odebrecht y su pandilla acechaban a los ministros, quienes sucumbían ante el olor del dinero fácil y de las consignaciones en paraísos fiscales, como lo demuestran la decena de ministros latinos tras las rejas. Odebrecht también compraba asesores, enlaces, directores de agencias y otros directivos del Ejecutivo para agilizar y mejorar significativamente las onerosas condiciones otorgadas a su favor. También compraba congresistas y empresarios privados a los que utilizaba para lavar el dinero de los sobornos. Con todo, es indiscutible que los principales responsables del asalto son los directivos de Odebrecht por sobornar, como también los altos cargos del Ejecutivo por aceptar los sobornos. Es un despropósito pretender que la “ñoñomanía” sea la pieza clave de todo un entramado multinacional, pues quién maneja el bolígrafo, firma los cheques y toma las decisiones de fondo es el Gobierno Nacional, comenzando por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Por más que aparezcan coimas en otras esferas, el problema se originó río arriba, y es la cúpula del Estado la llamada a responder política y jurídicamente por el escándalo del siglo. Así ha ocurrido en el resto de América Latina. En Perú, tres expresidentes están involucrados en los sobornos, Humala y su esposa en la cárcel y Toledo tiene orden de captura internacional y por él se ofrece millonaria recompensa. En Panamá, Martinelli hace parte del escándalo, embargaron un apartamento a su hijo y su ministro de la Presidencia yace tras las rejas. En Ecuador el Congreso autorizó las investigaciones contra el Vicepresidente de la República. Y así, la excepción es Colombia, ¿Por qué? Pretender que en Colombia se llegue al fondo del asunto y los máximos responsables terminen tras las rejas es poco probable, pues los investigadores son parte de los mismos con las mismas. El Consejo Nacional Electoral, órgano de composición política no liquidó las investigaciones por la vía de la caducidad para mantener las formas, pero las dejará morir lentamente, con dilaciones e infundadas discusiones, como las que ya comenzó a plantear la defensa de Santos. ¿La Comisión de Acusaciones? Todos conocemos su absoluta inoperancia, que hasta da para chistes. Y ni que decir de la Fiscalía, dirigida por uno de los que firmaron el CONPES para dar vía libre a Ocaña-Gamarra, y por el que Odebrecht pagó millonarios sobornos. En los bolsillos de Martínez, además, suena la plata de Odebrecht por sus conceptos y asesorías a dicha empresa como lo ha denunciado el Senador Robledo. Se trata de una Fiscalía cuya última palabra la tiene el amigo y abogado de confianza de Sarmiento Angulo, cuya empresa Corficolombiana se juega la vida en este caso. Y para rematar el Fiscal fue Superministro de Santos y es aliado estratégico de Vargas Lleras. Entonces, a menos que el Fiscal renuncie y se nombre un Fiscal adjunto que garantice imparcialidad y objetividad, y que el CNE y la Comisión de Acusaciones adelanten su trabajo al margen de los intereses políticos que los gobiernan, nos queda a los colombianos exigir la responsabilidad política de Santos y Vargas Lleras, quienes recibieron ríos de plata para ganar las elecciones de 2014 y siguen tan campantes, como si nada. Hasta que en Colombia no se asuman las responsabilidades políticas de los dirigentes, seguiremos siendo una democracia de papel. @AndresPachonTor
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