El problema de la justicia ha sido más que diagnosticado en Colombia, año tras año diferentes Universidades, organizaciones de sociedad civil y Ministros de Justicia plantean los grandes problemas como: la congestión judicial, la insuficiencia del recurso humano, la corrupción, falta de celeridad en los procesos, ausencia de tecnología en la gestión, tú me eliges yo te elijo, el hacinamiento carcelario, entre otros graves aspectos.
La justicia sigue siendo uno de los sectores que afecta también la medición de Colombia frente a rankings mundiales, año tras año el escenario es el mismo, pero siempre se plantean soluciones a corto plazo y cuando hay cambios de administración de justicia no se mejora sino que se retrocede.
Esta semana hubo una gran sorpresa cuando se anunció en los medios de comunicación sobre las investigaciones de la DEA a diferentes magistrados en Colombia, lo grave no son los actos ilícitos porque ya nos hemos acostumbrado a ello en Colombia y para la mayoría es una noticia más de un corrupto, lo grave es que sean quienes administran o han administrado justicia.
Se supone que la majestad de la justicia es la que debe imperar en un Estado, que cuando hay justicia se logra el equilibrio de poderes, se garantiza que se cumple la constitución y la ley, se respetan las libertades y derechos ciudadanos, pero sobre todo el juez es el que representa la imparcialidad, el respeto a la ley, a la autoridad, la neutralidad, la objetividad, es la esperanza de los ciudadanos en la búsqueda de la solución de conflictos con neutralidad.
La independencia judicial es lo que evidencia la naturaleza de la justicia, no puede depender de la demás ramas para ejercer su función, por lo que escuchar y seguramente probarán a partir de las investigaciones actuales que ha habido injerencia de congresistas o de funcionarios del ejecutivo en ciertas decisiones no tiene ningún sentido y rompe con la esencia de la rama.
Hay una complicidad pública cuando se han hecho tantos intentos para reformar la justicia y nunca salen del Congreso de la República con éxito, porque desafortunadamente los propios legisladores están pensando en sus deudas con la justicia y cómo cada reforma afecta o perjudica sus intereses, no se ha pensado en las garantías supremas del Estado ni de los ciudadanos sino en el caso particular. Pero esto funciona para ambos lados, cuando se inicia el trámite de las reformas en el Congreso también hay mensajes de la rama judicial para que se conduzca por un lado u otro la reforma, lo que hace imposible que los legisladores funcionen con imparcialidad.
Es claro que es un problema estructural, no se va a reformar con una ley en el Congreso, tampoco lo hará el ejecutivo y mucho menos por iniciativa de la misma rama judicial que son antireformables. La única opción urgente que nos queda es una constituyente para la reforma a la justicia que tanto anhelamos, donde estén representados todos los colombianos, de diferentes sectores, expertos en el tema pero sin el ejecutivo y sin el legislativo para que se pueda obtener un resultado.
Es importante que haya más participación de las Facultades de Derecho que tienen historia en el país y que se han caracterizado por tener excelentes juristas, que sin vinculación política realicen exámenes a quienes serán elegidos y sus resultados sean transparentes, que ojalá volvamos a enorgullecernos de los magistrados de las Cortes como ocurría antes del atentado al Palacio de Justicia por el M19, que sea un honor ser Juez y no una expectativa de negocio.
La meritocracia deberá ser el centro de todo, eliminar el “tu me eliges yo te elijo” que se respeten las listas de méritos y acabar totalmente con la función electoral entre las Cortes, que se hagan concursos donde se eviten las injerencias y que realmente lleguen los mejores a ser jueces y si no tienen ningún vínculo político, mejor. El Congreso de la República no deberá elegir ni magistrados de la Corte Constitucional ni del Consejo Nacional Electoral, así el país se evita tan aberrantes manipulaciones por parte del ejecutivo para las investigaciones, fallos y toma de decisiones, tal y como ha ocurrido en los últimos años con el proceso de paz con las FARC o con las investigaciones de las campañas presidenciales. Esto evitará una justicia al servicio de la política, no podemos seguir con jueces que responden a los interés políticos del gobierno o de los partidos políticos.
No queremos más jueces notarios del gobierno y un Congreso de la República que espera instrucciones para proferir el voto para elegir sus propios jueces. Nunca vamos a tener una justicia pronta, efectiva y eficaz con la actual estructura judicial, si bien son muchas las dificultades que hay creería que sólo modificando la forma de elegir los jueces tendríamos un avance muy importante.
Adicional a lo anterior, la corrupción de un juez no sólo debe tener las más altas penas intramurales (cárcel), sin disminución por estudio o por nada, sin principio de oportunidad, debe tener todas las sanciones administrativas posibles como no poder ejercer ningún cargo público a futuro, no poder contratar con el Estado (acabar con los millonarios contratos cuando salen de magistrados a cobrar favores), la devolución total de los dineros extras que recibieron y la cancelación definitiva de la tarjeta profesional.
Queda también pendiente la eliminación de la posibilidad de que se contraten los familiares de los jueces y magistrados al interior de la misma Rama o de los órganos de control, no puede ser una forma de negociación ofrecer trabajo a sus familiares, por tanto, debe quedar como una prohibición clara.
Ser abogado debe ser un honor, ser juez debe significar la representación de la majestad de la justicia y servir al Estado sin retribuciones distintas al salario. Sin justicia no hay ningún tipo de paz, así que montar un proceso de paz a través de jueces corruptos es indudablemente un proceso falso, intimidatorio que atenta contra la democracia, la división de poderes y la credibilidad del ser humano en la verdadera “dike”.
