La industria textil se transformó. Donde antes había una planta industrial de la confección en Medellín, es fácil encontrar una gran superficie en la que funciona un centro comercial, un supermercado o un proyecto inmobiliario.
Desde comienzos de los años noventa, mientras las importaciones de confecciones aumentaron, cientos de miles de empleos se perdieron. Alguien dijo que globalizar es exponer, abrir la frontera y que entre, al garete, lo que el mercado permita. Pero exponer no es necesariamente bueno cuando de relaciones comerciales se trata.
Cuando se inventaron los aranceles algo quedó claro: las relaciones entabladas en el comercio internacional, sea entre públicos, privados o ambos, están mediadas por los Estados y sus gobiernos. El propósito es mejorar las condiciones del intercambio, la mayoría de las veces.
Las cuentas son alarmantes: se han perdido 600 mil empleos de los 2 millones 200 mil que hasta hace unos años tenía esa rama de la industria. Hay 70 mil empresas formales con las alarmas en rojo porque dependen de una mayor regulación de las importaciones. Finalmente, exigen que el presidente Iván Duque cumpla su promesa de campaña y eleve el arancel de algunas confecciones traídas de fuera al 37,9 por ciento.
A las 9:00 am del 24 de abril de 2013 cayó el Rana Plaza, el edificio de ocho pisos donde cerca de 5 mil personas trabajaban en almacenes, un banco y cuatro fábricas textiles. Murieron 1.138 personas. El episodio expuso el nivel de precarización laboral que sufren millones: los muertos y más de 2 mil heridos ganaban cerca de 50 dólares al mes.
Algo más expuso esa tragedia. Marcas como Inditex, Mango o Benetton confeccionan a ese nivel de salarios y compiten en todo el mundo a costa de nóminas que rozan niveles de esclavitud. Y a esa competencia —sustentada en salarios de miseria— se han tenido que enfrentar los confeccionistas colombianos.
Entre 1991 y 2018 el valor de la importación de confecciones creció 28 veces. Pasó de 27 a 783 millones de dólares. En el mismo periodo, los productos provenientes de Asia pasaron de representar un poco más de un millón de dólares a 582. Su crecimiento fue de casi 50 mil por ciento. El porcentaje de importaciones desde ese continente representó en 1991 el 4,35 por ciento, y hoy, casi 30 años después, son el 74,3 por ciento del total de importaciones textiles.
En Colombia 42 empresas concentran el 80 por ciento de la importación de prendas de vestir. Una de las herencias del gobierno Santos al sector fue el desmonte del arancel mixto en 2016. En 2017, como consecuencia de la eliminación de ese arancel, la importación creció a 606 mil millones de dólares, 15,7 por ciento, y el PIB del sector se ubicó en 8.178: cayó en un nueve por ciento.
En Medellín se producen más del 45 por ciento de los textiles del país y 3 de cada 10 trabajadores de la ciudad lo hacen en el sector. Pero en los últimos tres años, debido a su crisis, se han perdido 50 mil empleos.
Esto ocurre cuando hay países —que vale la pena tomar como ejemplo— en los que su política económica se dirige a proteger a sus productores, como México, que protege a los confeccionistas y textileros con aranceles a importaciones entre el 20 y el 25 por ciento, o Argentina, que lo hace en niveles del 35 por ciento.
Si se hunde el barco se ahoga desde el capitán hasta el camarero. Recientemente los voceros del sector agrupados en la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, la Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias y las centrales obreras coincidieron en que si no hay un timonazo en la forma como se regula ese intercambio con el exterior, el sector estaría en riesgo de desaparecer.
Amaury Núñez González | @AmauryNG
