Para la época del emperador Domiciano, año 60 de la primera era cristiana, era costumbre regalar trigo y entradas para los juegos circenses, valiéndole el acuño latino eterno descrito en su oportunidad por el poeta Decimo Junio Juvenal: Panem et circenses. Tal sátira, le costó el exilio de Roma de por vida al mismo autor. Y todo fue por la negativa de no recompensarle con un cargo administrativo.
Pareciera que la notable frase se convirtiera en todo un acierto restablecido en estos tiempos convulsionados y continuos para las democracias participativas y representativas, de lo que efectivamente nuestro país no se escapa y que sigue insistiendo en su desaforada y alocada forma de tomar el vaivén de la circunstancia políticas con desespero emenagogo mensual. No termina una semana con múltiples escándalos y protagonistas, para empezar la otra con otros intérpretes y con un nuevo reparto de criminalidad e indiferencia.
Unos apoyan la decisión del Procurador Alejandro Ordoñez en destituir al alcalde Gustavo Petro en derecho, mientras que otros lo rechazan con vehemencia, catalogándola de inquisidora, de antidemocrática y trágica para lo sucesivo. Es cierto que el procurador brilla en muchas oportunidades de excesivo y complaciente con cierto sector que es merecedor de mayor sanción por sus conductas delictivas y perjudiciales para las instituciones. Pero también es cierto que condena de forma ejemplar y legal.
Lo de Petro se confunde entre la realidad de los hechos, de las pruebas y de la óptica de los que lo apoyan y lo criminalizan, de los que lo tratan de líder y lo maltratan de inepto. Mucho se ha tejido frente a la destitución por razón de la competencia, de la jurisdicción, de la sanción administrativa, de la funcionalidad y el fuero que ostenta tanto el uno como el otro, y que para nadie es un secreto que la decisión resultó más política que jurídica, sobretodo que los antecedentes no están mirados desde el término y la necesidad del servicio que asumió el distrito, sino con las presuntas indecisiones que se tomaron en otros aspectos para el desarrollo de la capital.
Es bastante controvertible la forma con que aborda el fallo la procuraduría delegada, alegando un desastre ambiental, limitación de la libre competencia y falta de emulación en la asunción del servicio de aseo.
Se desconoce la primera empresa en el mundo que haya empezado sin traumatismo, con limitación en sus procesos, con el afán de mejoramiento de los saldos en rojo y de intentar normalizar lo que en sus inicios no estaba contemplado en los anexos y estudios previos de factibilidad, de costos y de riesgos.
Nadie hasta ahora nace en el equilibrio de los negocios y de la vida. Además la misma constitución y la ley –véase art., 365 C.P., y Ley 142 de 1994- le otorgan al Estado a través de sus órganos –en éste caso al alcalde- el de prestar de forma directa la asistencia de un servicio que se negaron a suscribir los operadores privados cuando se les otorgó la prórroga de operación, generando esa mal llamada catástrofe de basuras en la que toda la vida se ha visto atiborrada la ciudad y en la que los habitantes se muestran reacios frente al reciclaje y los horarios de recolección, denotándose una mala fe y una temeridad que profundizo más el problema y en el que uno de los contratistas del carrusel de la contratación como Emilio Tapias lo corrobora, señalando que hubo un complot para desacreditar y entorpecer el proyecto político de la Bogota-Humana.
Todavía no se entiende de cuál limitación a la libre competencia habla la procuraduría delegada, si acá lo que se discute no es el negocio y la participación de unos pocos –porque ha sido siempre el negocio de unos pocos-, sino el interés general de más de 9 millones de habitantes. La discusión va más allá de la reserva que tiene el Estado de ciertas actividades que le son propias y que puede despojárselas a los particulares cuando existe un riesgo inminente. Y aquí hubo y habrá siempre un riesgo permanente para los bolsillos no solo de los bogotanos, sino de todos los colombianos, por la actitud amenazante, chantajista y desproporcionada.
No se sigue comprendiendo el tiempo con que lo destituye -15 años-, enviando un mensaje equivocado a la sociedad, contribuyendo al esfuerzo de que vale la pena más delinquir que ser honesto, dándole razones a la juventud y a los que se preparan en las escuelas y universidades de descuartizar la poca herencia y moral que aun tenemos unos pocos. Mientras que Samuel e Ivan Moreno repartían 2.7 billones en propina y se apropiaban de 6.3 billones, solo recibieron una sanción de 12 años de inhabilidad.
El Procurador debe respetarnos más y procurar reversar lo que mal hizo con las andancias de algunos miembros del Partido Conservador en el paramilitarismo, en la DNE, en la guerrilla y en todos esos escenarios que muy bien se conocen.
Terminamos éste año 2013 y es poco lo que se ha avanzado. Hemos procurado más por estar más pendiente del show mediático, de lo que trina Uribe, de lo que tartamudea Santos, del catamarán de los delegados de la F.A.R.C., y sus habanos, de los grafitis del niño canadiense, del diamante de Diomedez en su diente, de los protagonistas de novelas y de toda esa superficialidad que empobrece las consciencias de un pueblo que todavía se debate en ese frente nacional de oportunistas y escaladores que desangran como vampiros la sangre y el sueño de miles de colombianos.
Pueda ser que Gustavo Petro Urrego no se convierta en el próximo Nelson Mandela y con los años tengamos que aceptar que erramos en el tiro y que no fuimos capaces de darle un rumbo distinto a nuestro destino por estar más pendiente del pan y sus infortunadas migajas, y más con aquel circo donde no somos los verdaderos maestros de ceremonias, sino los payasos, los animales y las sorpresas de esa clase dirigente indolente.
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Definitivamente Juan Manuel Santos repite en su reelección como presidente. Nos guste o nos guste. La única forma de que la izquierda colombiana se tome el poder es que la F.A.R.C., y el E.L.N., abandonen las armas, muestren una real voluntad de paz y que algunos de sus militantes se desmovilicen de la derecha. ¿Por qué la Procuraduría General De la Nación no notificó el fallo de destitución e inhabilidad por el término de 6 años de Alejandro Char Chaljub, miembro de la Fundación Buen Gobierno en la misma forma que inhabilitó y destituyó al Alcalde Gustavo Petro? https://twitter.com/i/connect @JorgePerezSolan
