El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, prohibió los parrilleros hombres mayores de 14 años en las motos de su ciudad. La decisión trajo como era natural, un gran descontento. La indignación representada de 400 mil motociclistas produjo dramáticas imágenes de policías llevándose las motos, al tiempo que medios de trabajo, de decenas de ellos.
La prohibición rige para las motos de 125 centímetros cúbicos de cilindraje o superiores, y su incumplimiento traerá multas de 390 mil pesos, además de la inmovilización del vehículo. En Medellín hace unos años se produjo una medida similar, y sus resultados ilustran la inconveniencia y arbitrariedad con que se obra en el caso bogotano.
La medida rigió desde el 30 de noviembre de 2012 hasta el 10 de agosto de 2015. Según sus defensores, con el fin de atacar el robo y el sicariato, que en una cuarta parte eran cometidos en estos vehículos. El Alcalde de Bogotá dice perseguir los mismos objetivos.
Tras esos años de aplicación el decreto 1807, que implementó la medida en Medellín, fue demandado. Se consideró inconstitucional, además de no afectar directamente a los delincuentes, pero sí a los ciudadanos. Y en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró su nulidad.
“El derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”, señaló el Tribunal.
La medida tampoco redujo la criminalidad, ni atacó las causas, ni descongestionó las calles. No sirvió, todo lo contrario. Los atracos callejeros en el espacio público de Medellín aumentaron. Según cifras de la Sijin y el CTI de la Fiscalía, en 2011 había 80 atracos por cada 100 mil habitantes. Para 2014 la cifra aumentó a 316,2 atracos por cada 100 mil habitantes.
Defender esta medida cuando solo el 1 por ciento de los delitos son cometidos en motos, sin importar que afecte también al 99 por ciento de sus usuarios, no solo es antitécnico, es antidemocrático.
Su insignificante impacto se explica en que los delincuentes cambian el modo de operar. Por eso es más importante atacar de fondo a las estructuras criminales que atacar 400 mil usuarios de este tipo de vehículos en la capital. Otro típico caso donde un administrador vende el sofá. Como Stop Jobs apodaron a Peñalosa algunos twitteros.
Amaury Núñez González | @AmauryNG
