Y ahora ¿Quién podrá defendernos del Procurador?

La constitución de Colombia de 1991 define al Procurador como “el supremo director del Ministerio Público”. La Procuraduría general de la Nación que tiene como mandato: “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. Defender los intereses de la sociedad. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”. Entre otros deberes. En el año 2009 el Señor Alejandro Ordóñez fue elegido por el Senado como Procurador General de la Nación para el periodo 2009 – 2013 y fue reelegido por el mismo Senado para el periodo 2013-2017. Y este señor ha hecho con su mandato lo que se le ha venido en gana, pasando por encima de los derechos de los demás y vulnerando sus derechos; o que lo digan las personas de la comunidad LGBTI, las asociaciones de agnósticos, las mujeres y las minorías étnicas y políticas. En casi 23 años de la Constitución nunca se habían realizado tantos actos de indignación, protestas públicas e incluso una Asamblea para interpelar al propio procurador, a la que por supuesto no asistió. Su sesgado poder se refleja en casos como el de Piedad Córdoba, el matrimonio igualitario y el aborto. Y nos cuestionamos, ¿Cómo un hombre sin el mínimo respeto a la diferencia y al libre albedrio (para colocarlo en términos que el conozca) puede ostentar tal cargo e incluso ser reelegido? Es que ya no tenemos quien nos defienda. Empecemos por el Presidente Juan Manuel Santos, quien alentó la candidatura de Ordoñez en la elección de Procurador para el año 2013 y a quien de forma clara mantiene feliz para evitar un golpe al Proceso de paz, sus congresistas y el propio gobierno. Expongo los hechos que demuestran los mimos del Ejecutivo al Procurador: lo respalda abiertamente en la reelección, ampara sus decisiones políticas, protege al Ministerio de cualquier pronunciamiento jurídico y  finalmente cuida de su sueldo; porque tanto el fallo del Consejo de Estado cómo la "prima especial" del Presidente Santos afectó directamente los ingresos del Procurador. De los congresistas es más sencillo hablar: El Procurador investiga a los parlamentarios y ellos tienen la facultad de elegirlo y reelegirlo en el cargo. ¡Yo te elijo, tú no me investigas! La presión política del Procurador, basada en su poder disciplinario, se ha sentido tanto en el Congreso arrodillado como en los juzgados civiles que no unen a parejas del mismo sexo y en los hospitales donde se reúsan a practicar abortos en los tres casos aceptados por la Corte Constitucional. Y del cuarto poder poco podemos esperar. Los medios masivos de información no tocan al omnipotente Procurador Alejandro Ordóñez. Hacen oda a sus comentarios sectarios, repulsivos y humillantes. Son parte de su propaganda. Así que no podemos contar ni con el Presidente, ni con los congresistas, ni los jueces, ni los médicos, ni los medios y mucho menos la Iglesia católica. Entonces, ¿Quién podrá defendernos del Procurador Alejandro Ordóñez? ¡Nadie! Nadie más qué nosotros mismos. Legalmente es posible, como explicó el ex magistrado Alfredo Beltrán en una entrevista a Contagio Radio, "cualquier persona que se haya visto afectada por una decisión de la Procuraduría puede acceder al tribunal contencioso administrativo para que se haga un control de legalidad. Además, declaraciones del Consejo de Estado dejan claro que la Procuraduría no es otra rama del poder sino que está supeditado a los controles que la ley le otorga". Además de enviar derechos de petición y exigir rendiciones de cuentas. Adicionalmente las iniciativas ciudadanas son vitales: cacerolazos, marchas, plantones, juicios éticos, asambleas de control político y difusión de información sobre nuestros derechos. Así que sí hay cosas por hacer, vamos a mostrar nuestra dignidad y vamos a exigir nuestros derechos.