Las víctimas del fenómeno del conflicto político-militar en Colombia ocupan una importante porción de la población. Han sido entendidas por la institucionalidad y los actores armados como un asunto menor, al punto de que fuese necesario defender su presencia en la legislatura colombiana. Sólo hasta el año 2005, con las masivas desmovilizaciones de grupos paramilitares, se reconoció a las víctimas del conflicto a través de la Ley 975 o Ley de justicia y paz. Sin embargo, dicha ley presenta fuertes rechazos entre las víctimas, puesto que en primera instancia se reconoce a los grupos paramilitares como autodefensas, otorgándoles legitimidad política. Esto implica un desconocimiento hacia los dolientes. Por ello, y con las falencias inagotables que ha sufrido el proceso en tanto la reparación de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos, se hace necesario situarlas como eje central del conflicto político-militar, muy por encima de sus victimarios. Pero en este país las cosas no funcionan así.
Y es que el concepto de víctima ha estado sujeto a las apreciaciones que sobre ella hacen los partidos políticos y gobiernos de turno. Con la aprobación de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, o Ley de víctimas y restitución de tierras, mediante la cual se reconoce el conflicto armado colombiano y se dictan disposiciones orientadas hacia la reparación y el reconocimiento de las víctimas, se pretende preparar un territorio para la paz. Sin embargo, esto es apenas ilusorio y equivocado. Por ejemplo, después de las masivas desmovilizaciones paramilitares en la década anterior, es claro hoy en día que el negocio del narcotráfico y las organizaciones criminales se mantienen más fuertes que nunca.
Entonces, según la Revista Semana y su Proyecto Víctimas, en Colombia se habla, desde 1985 hasta el momento, de un número aproximado de 5,5 millones de víctimas del conflicto político-militar. Lo anterior basado en datos presentados por distintas ONG de Derechos Humanos que calculan que un 11,5% de la población colombiana ha padecido las consecuencias de la violencia directamente. Cabe decir que los actores de la guerra en Colombia, así como la institucionalidad representada por el Estado, se han encargado de invisibilizar a sus víctimas. Teniendo en cuenta que las guerrillas son autoras de gran número de violaciones al DIH, resulta indiscutible que la agudización del conflicto se dio durante la presencia de los grupos paramilitares en el entorno nacional. Así, según el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, de 1942 masacres ocurridas entre 1983 y 2011, un 58% fueron cometidas por los paramilitares. Lo anterior permite establecer que el paramilitarismo en Colombia, durante casi una década de su presencia oficial como actor del conflicto, ha sido el principal grupo victimario, aun después de las sucesivas desmovilizaciones a partir del año 2004.
¿Entonces qué pasa con las víctimas? Nada. En un momento histórico de negociación con la principal guerrilla del país, el punto sobre las víctimas aún está sin discutirse. No es clara la participación que tendrán en dicho proceso. Posiblemente algunos representantes hagan presencia en La Habana, pero es seguro que la señora del Urabá a la que le mataron los hijos, o el campesino del sur del Tolima que perdió sus tierras, no tendrán ni voz ni voto. Y he aquí lo importante que quería mencionar: las víctimas del conflicto colombiano están siendo dirigidas hacia nuevas formas de silencio; pareciera, me arriesgo a decir, que algunas organizaciones procuran unificar un discurso y hacer de las víctimas sujetos que solo pueden hablar a través de sermones comunes.
En el Tolima, por ejemplo, la situación es preocupante. Al temor de las víctimas por hablar debido a la inseguridad que ello implica, se suman organizaciones que parcializan el conflicto en el departamento, a tal punto de desconocer la presencia de grupos paramilitares y sólo aceptar a las víctimas de las guerrillas, como si en la defensa de los DD.HH importara más quién es el criminal y quién la víctima. Del mismo modo, por ejemplo, en entidades gubernamentales es constante encontrar opiniones de funcionarios que minimizan el fenómeno del desplazamiento, dando a entender que son más los oportunistas que quieren acceder a beneficios estatales que las personas despojadas por la guerra. Y tengo que decir que, justamente, esos mismos funcionarios que desconocen las víctimas, que parcializan el conflicto y que tratan de ocultar los testimonios de los dolientes más allá del simple acto judicial, hoy son candidatos a la Cámara y al Senado por el departamento.
La pregunta queda pues en el aire. Firmado un fin del conflicto con las guerrillas, qué tanta legitimidad política les será reconocida en el postconflicto y en qué medida esto será sólo un acto más de revictimización a los civiles. Del mismo modo, ¿quiénes defenderán las banderas de los DD.HH en la rama legislativa, ya que la ejecutiva siempre ha estado perdida? Por el Tolima, posiblemente, lo harán los mismos que desconocen a ciertos actores por cuestiones ideológicas, o los mismos que ven en el desplazamiento un fenómeno de usureros y no de víctimas. Habrá que esperar.
