No debe ser coincidencia que apenas se constituye una mal llamada ONG por parte de José Obdulio Gaviria y parece que la ultra derecha del país (Fernando Londoño et al) –posiblemente asesorada por J.J. Rendón-, empiezan a presentarse casos de ‘falsas víctimas’ que engañaron al Estado por acción o complicidad de varias ONG defensoras de Derechos Humanos.
Es el caso de Mapiripán y de Las Pavas.
No hay duda que entre las personas que pretenden resarcimiento a cargo del Estado bajo el carácter que este está dispuesto a reconocerles, se tratarán de ‘colar’ individuos que para obtener beneficio indebido se aprovechan de las fallas que este sistema puede tener. Eso se denunció desde un principio como una de las previsibles consecuencias de la improvisación en las leyes expedidas. No solo no hay duda que esto debe haber pasado, sino que debió ser contemplado y previsto para impedirlo. Igual, ya se tuvo el caso más grave de toda una supuesta entrega de un frente de ‘paramilitares desmovilizados’ que resultó un montaje.
En ese último no intervino ninguna administración de justicia y los únicos responsables fueron los funcionarios gubernamentales que dirigieron el proceso.
En estos dos casos se trata de casos fallados por la justicia y lo que es pertinente establecer es de quién es la responsabilidad que esto pueda haber sucedido.
La primera aclaración es que en ambos casos se está generalizando como si no hubiera sido realidad lo que inició los procesos y produjo las sentencias, es decir, como si, porque una u otra persona aprovechó la ocasión para ‘tumbar’ al Estado, no hubiera existido la violación sancionada.
En cuanto a la culpabilidad de las ONG que apoyaron o representaron a las víctimas, su objetivo era que, como parte de la obligación de respetar los Derechos Humanos que ellos defienden, se reconociera la existencia de violaciones en esos casos; la posible indemnización es solo una consecuencia, pero no el centro de su acción. Para tener personería en los juicios era condición tener poder de por lo menos algunos de los demandantes, pero ni les interesaba ni tenían la responsabilidad de escudriñar hasta dónde era cierto lo que reivindicaban quienes alegaban un derecho. En otras palabras, no era su función establecer dentro de los procesos qué no era verdad de lo que declaraban quienes se presentaban como víctimas, ya que esa función es justamente la de quien se opone a esa pretensión, es decir la de quien defiende al Estado.
En razón de lo anterior es que no fueron las ONG quienes establecieron las listas de potenciales beneficiarios de la reparación; en el primer caso no fue el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo sino la Fiscalía la que informó a la Corte Interamericana y en el segundo no fue la Fundación del Padre de Roux sino Acción Social quien produjo el listado. Serían estos los siguientes responsables del error cometido por el Estado.
Lo interesante del tema es que todo esto es sabido y es claro, especialmente para quienes se lanzan a promover la descalificación de lo actuado por las ONG.
Quienes denuncian y hacen escándalo alrededor de estos casos (y que, como es probable que otros se sigan presentando, continuarán su acción) no están buscando impedir que esto suceda, ni que se sancionen a los culpables, ni corregir los errores del sistema; los medios de comunicación hacen su función natural de explotar la ocasión para vender lo más posible, pero quienes lo promueven y aparecen como savonarolas lo que buscan es sabotear y descalificar como marco y como propósito la Ley de Víctimas, y hacer oposición a quienes hoy están encargados de implementarla. Son quienes consideran que es un error reconocer la primacía del respeto por los Derechos Humanos sobre los métodos de hacer la guerra, que el sufrimiento de algunos es un ‘daño colateral’ que debe ser asumido sin darle mayor trascendencia, y que quienes tienen la visión contraria (ONG o particulares) son enemigos y representan un peligro para el sistema, luego hay que buscar acabarlos (muchas veces no solo mediáticamente). Son los que han impuesto la creencia que los acuerdos humanitarios legitiman a las guerrillas, y han logrado en la opinión pública un clima desfavorable a acuerdos que disminuyan el sufrimiento y la crueldad de la confrontación armada.
