Todos miran a Neiva, desde la caída en desgracia de la dupla de alcaldes de Montería (Marcos Daniel Palacios y su antecesor, Carlos Eduardo Correa) por sobrecostos en el Coliseo Happy Lora. Y la posibilidad de que algunos opitas vayan a parar a la cárcel por cuenta de las irregularidades cometidas en la remodelación y desgracia del estadio Plazas Alcid.
El caso de Montería es menos grave. Allá la obra costó $12.500 millones y fue entregada con retraso y algunas variaciones, que implicaría importantes sobrecostos. Por eso le echaron mano a los dos alcaldes que giraron y son los directos responsables de la obra.
En Neiva la malversación es superior. En la alcaldía de Pedro Suárez giraron unos $23 mil millones (un 80% de Coldeportes). Y sin exámenes serios –o con ellos, por algún interés por confirmar- el gobierno del alcalde Lara Sánchez “consignó” $7 mil millones más.
En Montería no se han caído las graderías ni hay obreros muertos, como sucedió dolorosamente en Neiva. Las obras fueron entregadas con retraso y detrimento económico. Lo del estadio Plazas Alcid es una debacle económica, humana y deportiva con un escenario largamente cerrado por culpa de la improvisación, el desgreño administrativo y la corrupción.
Al margen de las responsabilidades que tengan los alcaldes Suárez y Lara (supone uno que el más el primero), una veintena de autores de la ruina deben estar comiendo uña (atortolados) y contratando psiquiatras y abogados (sabiéndose responsables) porque –de seguro- pasarán largos días privados de la libertad, según se rumora en altos círculos judiciales. ¿Cuántos? Quiénes? Más de diez? Veinte?
Que organicen sus cosas familiares quienes hicieron el análisis del proyecto, arquitectos, ingenieros y calculistas. Obviamente el interventor (el que firma y a quienes representó). Todos los funcionarios que tomaron decisiones sobre el estadio, los que pagaron y debieron vigilar, incluyendo directivos de Coldeportes, a nivel local y nacional.
Que preparen papeles y argumentos los abogados y jefes jurídicos de las alcaldías de Pedro Hernán Suárez y Rodrigo Lara Sánchez. Los unos porque firmaron los contratos de toda la obra y los otros porque justificaron contentos o irresponsables la adición escandalosa de $7 mil millones, a sabiendas –o folcloricamente- de la improvisación que terminó con las graderías en el suelo y la muerte de cuatro personas.
Al caso del estadio se suma que algunos personajes del Huila han salido a explicar su relación personal o profesional con el fiscal corrupto que lideraba la anti-corrupción, lo que justifica que los reflectores de la Fiscalía general alumbren fuerte hacia el departamento.
Se avecinan -¡inminentes¡- vientos borrascosos para los corruptos. Y de optimismo para los ciudadanos de bien.
¡Amén¡
