¿Dejará la clase política implementar el Plan Cauca?

26 de julio del 2012

En el Cauca se padece la dificultad de nuestra sociedad para respetar y convivir con las diferencias. La Constitución del 91 puso el dedo en la llaga al establecer como uno de sus pilares que Colombia es una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, que ha de construirse a partir del reconocimiento […]

En el Cauca se padece la dificultad de nuestra sociedad para respetar y convivir con las diferencias. La Constitución del 91 puso el dedo en la llaga al establecer como uno de sus pilares que Colombia es una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, que ha de construirse a partir del reconocimiento de su condición de nación étnica y culturalmente diversa. De esta definición constitucional del país se desprenden dos elementos fundamentales. El primero es que la unidad colombiana se construye y se dinamiza a partir de la vida e iniciativas de sus regiones. Segundo, que para lograrlo se necesita que las políticas públicas tengan una perspectiva y una estructuración que incorpore las especificidades y diferencias de las realidades regionales y de sus grupos poblacionales.

El Cauca es un ejemplo dramático de la dificultad para convivir con las diferencias del “alma nacional” y en ello radica buena parte del conflicto social que ha tratado de aprovechar la guerrilla, especialmente las Farc. Como buenas alumnas de José Stalin, consideran que la diversidad de los pueblos debe borrarse “a sangre y fuego”, como fue el caso de las nacionalidades no rusas en el proceso de construcción de la Unión Soviética. Por eso pretender que indígenas y guerrilla son la misma cosa es simplemente una mentira para satanizar “al diferente”, en este caso al indígena, vieja práctica colombiana que tanta violencia ha traído. Que hayan infiltrados entre los indígenas, que la guerrilla busque instrumentalizar la protesta es otra cosa. Grave error pretender generalizar, pues se falta a la verdad y se yerra políticamente.

Los dirigentes indígenas deben aceptar que no viven aislados sino en regiones donde igualmente están presentes guerrilla y narcotráfico. Por esa razón, lo que sucede en el norte del Cauca concierne a todo el país, no solo a los resguardos y el Estado tiene la obligación constitucional de hacer allí presencia, que no constituye violación de los derechos indígenas. No tiene fundamento alguno reclamar una especie de extraterritorialidad para los resguardos.

Su situación es semejante a lo que sucede en departamentos y municipios, donde los temas de seguridad y de ejercicio de la autoridad están en cabeza de gobernadores y alcaldes para lo referente a convivencia, disputas cotidianas, pleitos de tierras… mientras que temas que implican la seguridad del Estado o la acción del crimen organizado con sus ramificaciones internacionales (narcotráfico, carruseles de corrupción, trata de blancas…) son competencia del gobierno nacional.

En lo que si tienen razón los indígenas es en reclamar la presencia del Estado con compromisos concretos, en las tareas del desarrollo de esas comunidades y esos territorios, respetando su cultura y costumbres. Presencia para apoyar y, si es del caso, complementar las iniciativas y decisiones de las autoridades indígenas tradicionales. Con ese espíritu se planteó en el Incoder, cuando fui su gerente el Plan Cauca para adelantar un plan coordinado de acciones interinstitucionales en tierras y desarrollo rural. Por dicha iniciativa recibí un aluvión de críticas lideradas por el senador Aurelio Iragorri y orquestadas por el twitter del expresidente Uribe. Me acusaron de querer transformar al Cauca en un enorme resguardo indígena. Grave tergiversación de la realidad que no tenía otro propósito que satanizar una iniciativa que, de haberse implementado a cabalidad, probablemente habría evitado muchos de los problemas de hoy.

El Plan Cauca buscaba ordenar según lo dispone la Constitución, bajo la figura de resguardo indígena, a cerca de 78.000 hectáreas que ya eran propiedad de las comunidades, que por lo demás, las habitan desde hace décadas. Incluía la estructuración de proyectos de “ecodesarrrollo” para que esas tierras fuesen productivas para las comunidades y para el Cauca. Con los consejos comunitarios afro, el Plan definió la titulación colectiva del Alto Naya y con las asociaciones campesinas, la identificación de una zona de reserva campesina para fortalecer y modernizar el componente campesino de la ruralidad caucana. Con el sector agroempresarial y la Gobernación del Cauca la tarea era identificar y constituir un área de desarrollo empresarial para garantizarle a esa actividad su espacio de realización.

La crisis actual demuestra que fue un error pretender satanizar el Plan Cauca, que hoy aparece como el camino válido para el reequilibraje y fortalecimiento de la base poblacional, económica y de reconocimiento social del departamento, sin el cual este seguirá siendo tierra de violencia alimentada por las luchas interétnicas, que acaba por favorecer al narcotráfico y su secuela de muerte y destrucción. El asunto es serio. El gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior Federico Renjifo dice querer retomar al Plan Cauca. Ojalá asuma seriamente la tarea. Para ello, ante todo debe filar a buena parte de la clase política del departamento, reacia a apostarle a unos cambios que son no solo necesarios sino urgentes. El Cauca arde.

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